Estados Unidos rechazó este jueves la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela por la falta de garantías del proceso electoral, impulsado por el presidente Nicolás Maduro. En las últimas semanas, el régimen chavista ha impedido la participación de la oposición en forma de coalición y vetado a algunos de los partidos. Desde hace meses, el Gobierno avanza por consolidarse en el poder de manera ilegal: ha suspendido las funciones del Congreso, controlado por opositores, e instaurado una Asamblea Nacional Constituyente, encargada de convocar estos comicios, fijados para el 22 de abril.
“Estados Unidos denuncia la decisión unilateral del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de avanzar hacia un proceso electoral sin garantías de ser libre, justo e internacionalmente reconocido. Estas elecciones no tienen la aprobación de todos los partidos políticos y limitan quienes pueden ser candidatos. El régimen de Maduro continúa desmantelando la democracia y revela su tendencia autoritaria. Apoyamos la decisión de los partidos de oposición de rechazar las condiciones de esta convocatoria”, afirmó en un comunicado Heather Nauert, la portavoz del Departamento de Estado.
La denuncia llega días después del final de la primera gira del secretario de Estado, Rex Tillerson, por América Latina, en la que una parte central de la agenda ha sido la crisis venezolana. Más allá de la dura retórica estadounidense y las sucesivas condenas sobre los abusos de poder de Maduro, el Gobierno de Donald Trump ha aprobado desde su llegada en enero numerosas rondas de sanciones contra miembros del régimen chavista así como contra la petrolera estatal, PDVSA, al prohibir la compra de deuda de la empresa.
Pese a la presión estadounidense y la de instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) o el grupo de Lima, un conglomerado de más de una decena de países del hemisferio occidental, Maduro avanza sin desplomarse hacia la consolidación de una dictadura. Además de destripar al poder legislativo electo de sus funciones, el régimen ha continuado el encarcelamiento de opositores y mantenido la represión contra su ciudadanía, que padece una crisis económica y humanitaria de niveles comparables a un país del tercer mundo pese a las abundantes reservas de petróleo en el país bolivariano.
Esta semana, la Unión Europea ha pedido ampliar las sanciones contra Maduro. A finales de 2017 la coalición ya aprobó sanciones contra asesores específicos de Maduro, prohibiendo que accedan a sus bienes y propiedades en el viejo continente. Este jueves, la Corte Penal Internacional anunció que investigará las violaciones del Gobierno venezolano, una iniciativa que ha impulsado el secretario de la OEA, Luis Almagro.
