Como un “golpe de Estado” calificaron dirigentes de la oposición venezolana la sentencia emanada la noche del miércoles, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que decidió asumir las competencias, transitorias, de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dado al incumplimiento por parte del legislativo a varias sentencias promulgadas por la alta corte.
Uno de esos “desacatos”, que argumenta el TSJ se da con relación a la incorporación de tres diputados a la AN cuya investidura había suspendido cautelarmente el máximo tribunal.
En la sentencia 156 de la Sala Constitucional, se declara la “omisión inconstitucional parlamentaria” y se advierte “que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.
La sentencia también establece que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional, en manos de Nicolás Maduro, constituya empresas mixtas y decide que “la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones”.
A esta decisión se le suma la sentencia emitida el martes en que se anunciaba el despoje de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional
Ante la decisión del alto tribunal, el diputado y expresidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, señaló en su cuenta en Twitter, que la “sentencia de la sala inconstitucional TSJ confirma golpe de Estado continuado del gobierno forajido y fallido repudiado nacional e internacionalmente”.
Allup también señaló que “lo mejor que podemos hacer los diputados es seguir yendo a la asamblea, ejerciendo nuestras funciones. No podemos salir corriendo. Además seguiremos asistiendo a todos los organismos internacionales a denunciar estas irregularidades”, informó en una entrevista con una emisora radial venezolana.
Entre tanto, Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda, anunció desde Bogotá, que “la última sentencia de la vergüenza de Tribunal desconoce la decisión de millones de venezolanos”, escribió en un mensaje en sus redes sociales.
Capriles destacó que la sentencia es una muestra de que en Venezuela hay un gobierno dictatorial. “Qué más pruebas necesita la Comunidad Internacional de que en Venezuela hay una dictadura”, señaló.
“El Tribunal Supremo de Justicia ya materializa el cierre del Parlamento y segundo el desconocimiento de la voluntad del voto, de la expresión popular de más de 14 millones de venezolanos que elegimos la nueva Asamblea Nacional”, agregó.
Por su parte, el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, que, manifestó, dependerá de las acciones del antichavismo que “este nuevo ataque se convierta en un error histórico”. “Debemos organizarnos para resistir y no aceptar que un tribunal ilegítimo nos desconozca”, sostuvo.
Llamado a la FFAA
Entretanto, el presidente del Legislativo, Julio Borges, acusó a Maduro por esta sentencia y anunció que, “frente a ese golpe de Estado”, la Cámara desconocerá al máximo tribunal del país debido a que, afirmó, sus magistrados fueron elegidos “para gobernar fuera de la Constitución”.
“Queremos hacer un llamado de conciencia a la Fuerza Armada Venezolana, así como nosotros no vamos a aceptar nada contrario a la Constitución nosotros esperamos que nuestra Fuerza Armada sea el primer guardián de la democracia y la Constitución de Venezuela y se convierta en parte de la solución de la democracia en el país y nunca se convierta en el obstáculo que impida que la Constitución y la democracia reinen en Venezuela”, señaló Borges.
El parlamentario advirtió, mientras rompía en pedazos la sentencia del Supremo, que el Poder Legislativo acudirá a instancias internacionales, y calificó de “basura” este documento, y dijo que estas no son decisiones contra la Asamblea sino “contra el pueblo venezolano”.
Protestas
Luego del anuncio de la sentencia, un grupo de diputados opositores acudieron al TSJ para rechazar la decisión del tribunal.
Los diputados, que representan a una contundente mayoría opositora de la Asamblea Nacional, agregaron que la bancada desconocerá la sentencia.
El diputado Juan Requesens, del partido Primero Justicia (PJ) en el que milita el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, fue uno de los legisladores que llegó hasta la sede del Poder Judicial en Caracas y reclamó a gritos el dictamen en cuestión.
“Estamos aquí para defender la voluntad de un pueblo, vamos a seguir luchando por Venezuela y por los jóvenes (…) nosotros vamos a seguir en la calle”, dijo Requesens a periodistas tras enfrentarse a empujones a un cordón militar que custodiaba el lugar.
Reacción internacional
El Gobierno de EEUU, “condenó” ayer la decisión de Tribunal Supremo de “usurpar los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.
“Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela”, dijo el portavoz en un comunicado.
Perú, por su parte, anuncio el retiro definitivo del embajador en Venezuela, tras la decisión del Supremo, sin embargo, tal acción “no implica” la ruptura de relaciones diplomáticas bilaterales, informó la Cancillería de ese país.
México, a través de su canciller, Luis Videgaray, aseguró ayer en Bogotá que su Gobierno está preocupado por lo que considera un “deterioro del orden democrático” en Venezuela luego de conocer la sentencia del TSJ.
El Gobierno brasileño fue otro de los países que sumó al rechazo considerando que la decisión del TSJ “es una clara ruptura del orden constitucional”, asegura un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante suramericano.
“Lo que hemos advertido se ha concretado”
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tachó ayer de “autogolpe de Estado” la decisión del Supremo y aseguró que “aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”.
“Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”, agregó el Almagro, quien reiteró que el hecho de que el TSJ se atribuyese las funciones del Legislativo es “un procedimiento que no conoce de ninguna de las más elementales garantías de un debido proceso”.
“Hay una ruptura de la democracia”
Es evidente que existe una ruptura de la democracia, ya que esta supone una división de poderes , por lo que cada uno hace un contrapeso al otro. Normalmente las amenazas a ese equilibrio viene del ejecutivo. Algo muy similar a lo ocurrido en Perú en 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori promovió el cierre del Congreso y clausura el sistema democrático. En el caso venezolano es el Poder Judicial quien lo hace, pero que está controlado por el Ejecutivo. Esto supone claramente un atentado a la democracia justo después de la OEA muestra una vez más ser inoperante y que el continente haya dejado solo a Venezuela. La salida por ahora para Venezuela es la calle. Retomar la consiga “A Miraflores hasta que caiga”. No hay salidas institucionales porque las instituciones están destruidas o han perdido su naturaleza democrática .
*Cristian Rojas es profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, de Bogotá
“Profunda preocupación”
El Gobierno de Colombia expresó ayer su “profunda preocupación” por la decisión del Supremo de Venezuela.
Así lo aseguró la canciller colombiana, María Ángela Holguín, y destacó “la importancia del respeto por la separación de poderes”.
La jefa de la diplomacia colombiana aseguró que “es importante, urgente que en una tregua los venezolanos se sienten a resolver este problema que está llevando al país a una crisis muy grande” en lo social, en lo político y en lo económico.
Holguín, que se reunió en Bogotá con su colega mexicano, Luis Videgaray, abogó porque en Venezuela haya “unos poderes públicos fuertes independientes” para fortalecer la democracia, y añadió que el Gobierno colombiano expedirá más tarde un comunicado al respecto.
Colombia ha reiterado que es partidaria de un diálogo entre los venezolanos para que superen sus problemas internos.
La salida es una Constituyente Originaria: exmagistrada
En dialogo con EL HERALDO, la exmagistrada del TSJ venezolano Blanca Rosa Mármol de León sentenció que frente a las decisiones emanadas por el máximo tribunal “la única vía que queda”, para retomar el hilo constitucional del país vecino es convocar a “una Constituyente Originaria y apelar por los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución”, que establecen que “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente”.
En ejercicio de dicho poder, según la exmagistrada, se puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Carta Magna.
“Lo ocurrido en el seno del supremo es inconstitucional, porque crearon un control innominado que no está amparado por la Constitución Venezolana. Esto sin dudas se da como reacción a lo sucedido en la OEA con la Carta Democrática Interamericana, en la que varios diputados firmaron la activación. Eso es una señal que se terminó el orden democrático y la única salida es la Constituyente Originaria como una acción de la ciudadanía”, explicó la exmagistrada.
De acuerdo con la abogada venezolana, la AN “no está en la obligación de acatar la decisión del Supremo”.
“Bajo el Gobierno de Chávez se dio la disolución de la Corte Suprema, que tenía 12 magistrados y pasó a un nuevo modelo de Tribunal, con más de 20 magistrados, donde son colocados a dedos por el Ejecutivo para reponer a sus intereses”, dijo la togada, quien destacó que “la actuación que se plantea en esas acciones carecen de legitimidad y criterio, sobre todo, porque ningún poder puede plantearse la eliminación de otro. Y ente caso, no es a los diputados a quienes atacan, están desestimando la expresión de un pueblo que los eligió de manera democrática”.
Para Mármol de León, lo ocurrido se traduce “en un desconocimiento del Ejecutivo a las funciones parlamentarias y por tanto busca su disolución”.
