El proyecto de ley antiterrorista del gobierno del primer ministro canadiense Justin Trudeau encuentra renovadas críticas que apuntan a los poderes extraordinarios de los agentes del Servicio de Inteligencia de Seguridad del país (CSIS), en caso de aprobarse.
El ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, presentó la iniciativa el 20 de junio ante el Parlamento, y la mayor atención se centró en la propuesta para crear un cuerpo civil de control a la agencia de vigilancia.
Sin embargo, la opinión pública parece no haber reparado en que la nueva normativa daría a los agentes del CSIS una autoridad explícita para participar en ciertos tipos de actos ilegales, advirtió el columnista Thomas Walkom, en un artículo publicado en el diario The Star.
Estos actos serán explicados en algún momento por el ministro de Seguridad Pública, y no podrán incluir daños corporales, obstrucción de la justicia, tortura, detención de una persona o violación de la integridad sexual de alguien, observó.
El gobierno ha dicho que los nuevos poderes reemplazarían meramente una concesión más general de la inmunidad de la persecución criminal ya presente en la ley anterior, la C-51 avalada por el gobierno conservador de Stephen Harper (2006-2015).
Sin embargo, subraya Walkom, la nueva formulación, que se hace eco de una concedida a los agentes de Policía, también podría acelerar la transformación del CSIS de una agencia de inteligencia pura, a una de inteligencia y ejecución.
En segundo lugar, apuntó, los liberales darían a los agentes del CSIS la autoridad para violar la ley de una manera más seria, con el fin de interrumpir supuestas amenazas a la seguridad.
A su juicio, el gobierno de Trudeau mantuvo algunos de los peores elementos de la C-51, ‘sin crear mucho escándalo político’.
En esto, indicó, los liberales continúan el camino marcado por la administración de Harper que autorizó a los agentes de inteligencia a violar la ley e incluso, si fuera necesario, la Carta de Derechos y Libertades (Constitución), a fin de neutralizar las amenazas a la seguridad.
Recordó el columnista que los liberales nunca prometieron rechazar la ley C-51, y que incluso cuando estaban en la oposición votaron a su favor, pero con la promesa de hacerle algunas enmiendas si eran elegidos al Gobierno.
Ahora, con los parlamentarios listos para iniciar tres meses de vacaciones de verano, el gobierno de Trudeau finalmente lanzó su plan de seguridad nacional que es, sorprendentemente, una reminiscencia del de Harper, opinó el analista.
Señaló que en ambos casos, los organismos gubernamentales podrán transmitir información confidencial sobre los canadienses a los servicios de seguridad lo cual reforzará el poder y la autoridad del CSIS para emprender acciones directas.
Eso, dijo, anularía la intención de tener en el CSIS un ente para la recolección de información de inteligencia, y derivaría en la posibilidad de posibles excesos por parte de un servicio de seguridad demasiado poderoso.
Aunque el plan de los liberales tiene más supervisión -desde un comité de parlamentarios hasta órganos de control propuestos por el mismo proyecto de ley-, los organismos de supervisión pueden ser cooptados o evitados como descubrieron británicos y estadounidenses, resumió el periodista, en alusión a recientes escándalos de espionaje gubernamental sobre ciudadanos en esos países.
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