Canadá encara debates respecto de cómo proceder con sus ciudadanos que vuelvan al país tras formar parte del Estado Islámico (EI), luego de que en los últimos meses esta organización ha perdido gran parte de sus zonas de control.
Un informe del Ministerio de Seguridad Pública de Canadá, publicado en 2016, estimaba que 60 yihadistas ya habían vuelto a suelo canadiense, mientras que unos 180 aún se encontraban en el exterior. No obstante, grupos académicos plantean que las cifras pueden ser más altas, ya que varios individuos pudieron evitar el radar de las autoridades.
El gobierno de Justin Trudeau apuesta por un equilibrio entre el cumplimiento de la ley, la defensa de la seguridad nacional y el apoyo para la reinserción social. Sin embargo, distintas voces plantean un escenario sumamente complejo para esta estrategia.
El primer ministro Trudeau ha evocado algunos elementos de su plan a seguir respecto del retorno de estas personas. “Reconocemos que el regreso de un solo individuo puede tener serias consecuencias para la seguridad nacional”, dijo en el Parlamento el pasado 20 de noviembre.
Trudeau afirmó que el gobierno cuenta con las herramientas para hacer frente a esta situación, tales como la apertura de procesos judiciales con base en la ley antiterrorista y el monitoreo constante de las fuerzas de seguridad.
También recordó la creación en junio del Centro canadiense de implicación comunitaria y de prevención de la violencia para ayudar a que estas personas se desradicalicen.
“Mátenlos en combate”
De acuerdo con un informe de la ONU publicado en 2015, alrededor de 25 mil individuos de 100 países distintos se integraron a grupos terroristas, la mayoría al Estado Islámico (EI), aunque también a otras organizaciones en Siria, Irak, Afganistán y Libia.
La estrategia de Canadá en cuanto al retorno de estas personas se aleja de la de Francia y la Gran Bretaña, quienes han optado por la mano dura. El pasado mes de octubre, Florence Parly, ministra francesa de Defensa, comentó: “Si los yihadistas mueren en los combates, mejor”.
Le Monde ya había informado que las fuerzas especiales de Francia colaboran con el Ejército iraquí para la eliminación de yihadistas galos.
Por su parte, también en octubre, Rory Stewart, secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, confirmó el respaldo oficial para acabar con sus connacionales que combatan en Siria e Irak. “La brutalidad de sus actos los hace irrecuperables para la sociedad”, sentenció.
“Canadá no participa en escuadrones de la muerte”, declaró a mediados de noviembre a la cadena CBC Ralph Goodale, ministro canadiense de Seguridad Pública.
Sin embargo, la estrategia de Trudeau, distinta a la de franceses y británicos –también a la de australianos y estadunidenses–, no ha logrado unanimidad.
En la sesión parlamentaria del 28 de noviembre, el líder del Partido Conservador, Andrew Scheer, lamentó que Trudeau no brinde amplios detalles sobre su estrategia. También preguntó: “¿Cuándo va a tomar en serio el primer ministro la seguridad de los canadienses y va a buscar las formas de encarcelar a estos combatientes?”.
Trudeau respondió que los conservadores propagan un discurso con fines electorales alimentado por la islamofobia. Varios medios criticaron la respuesta del primer ministro por mezclar comportamientos discriminatorios con preocupaciones sobre la seguridad nacional.
Diversos elementos muestran la dificultad de que los planes gubernamentales obtengan los resultados esperados.
La ley antiterrorista canadiense –que entró en vigor en junio de 2015– estipula que los ciudadanos de ese país que participen en grupos terroristas fuera de sus fronteras enfrentarán procesos judiciales. También esta ley prevé penas para quienes busquen hacerlo. En junio pasado, el canadiense Ismaël Habib fue sentenciado a nueve años de cárcel por haber tratado de volar a Siria para integrarse al EI. Ha sido la única condena de este tipo en la historia de Canadá. El pasado 19 de diciembre, Sabrine Djermane y El Mahdi Jamali, acusados por las mismas razones, fueron absueltos por una Corte de Montreal. Hasta la fecha no ha habido detenciones o condenas por la participación de un canadiense en un grupo terrorista allende las fronteras.
Benjamin Ducol, responsable de investigación del Centro de Prevención de la Radicalización Violenta de Quebec, comenta en entrevista con Apro que algunos combatientes que partieron en 2013 volvieron a Canadá en 2014 y 2015, antes de la entrada en vigor de la ley antiterrorista y cuando los servicios de reinserción aún no estaban en marcha.
“No hubo un solo proceso (legal) hacia esas personas. Algunos fueron interrogados por la policía a su regreso para saber la naturaleza de sus actividades, pero fue todo”, afirma.
En diciembre de 2015, pocos días después de haber tomado posesión como primer ministro, Trudeau caminó unos minutos por el centro de Montreal. Varios ciudadanos pudieron tomarse fotografías con el político. Uno de ellos encendió después las alarmas. Se trataba de un canadiense sospechoso de participar en el secuestro de dos ciudadanos estadunidenses en Siria en 2012. La persona –cuya identidad se mantiene en reserva por parte de las autoridades– ya había sido investigada por los servicios canadienses, pero nunca enfrentó un proceso legal.
El caso de este individuo que se fotografió con Trudeau y las palabras de Benjamin Ducol reflejan un reto mayúsculo: la recopilación de pruebas y testimonios para juzgar a los retornados del EI.
Las autoridades canadienses deben recabar información detallada sobre la participación de estas personas en actividades en grupos terroristas para lograr la apertura de un proceso. Canadá no cuenta con recursos de inteligencia similares a los de otros países occidentales en el terreno.
Asimismo, la cooperación con las autoridades sirias e iraquíes no se da de manera fluida. Pueden existir sospechas y ciertas pruebas, pero no garantizan una sólida acusación.
En principio, si un ciudadano canadiense es detenido en Irak o Siria, se le aplicará la ley de esos países, ya que ahí sucedieron los hechos delictivos. Un canadiense puede solicitar purgar la pena en su país, pero Canadá no está obligado a aceptar.
En 2013 la Suprema Corte resolvió que el Ministerio de Justicia tiene la facultad exclusiva de autorizar una repatriación para cumplir una sentencia. En caso de que la persona vuelva a Canadá sin haber sido acusada en Irak o Siria, podría enfrentar un proceso judicial, siempre y cuando las autoridades del país norteamericano cuenten con pruebas suficientes.
El gobierno de Trudeau ha subrayado que un punto para garantizar la seguridad nacional es realizar un seguimiento a personas que retornen al país y de quien se sospeche que puedan llevar a cabo acciones violentas. Existen críticas sobre la efectividad de esta medida. Phil Gurski, exanalista del Servicio Canadiense de Seguridad e Inteligencia, ha señalado en distintas tribunas que Canadá no cuenta con los recursos suficientes para vigilar las 24 horas a cada sospechoso, por lo que sería necesario establecer prioridades entre los individuos, con el consecuente riesgo de fallar.
La puerta del retorno
Instituciones gubernamentales y grupos de investigación han subrayado que no todos los yihadistas desean volver a Canadá. Varios de ellos prefieren seguir combatiendo o mudarse a un país cercano a la zona de conflicto.
Sin embargo, otros más no cierran la puerta al retorno, ya que temen por sus vidas, han dado muestras de desencanto por su experiencia o no quieren purgar penas en prisiones extranjeras.
Benjamin Ducol afirma que el Centro de Prevención de la Radicalización Violenta de Quebec mantiene contactos con una decena de familias con alguno de sus miembros aún en Siria o Irak. Desean que sus familiares retornen o han recibido mensajes directos de ellos donde manifiestan su intención de volver.
Ducol comenta sobre el plan del gobierno canadiense, en comparación al de Francia y la Gran Bretaña: “No es posible que las personas sean ejecutadas a pesar de que hayan cometido hechos atroces. Es necesario contar con una estrategia que incluya varios puntos para reducir las amenazas a la sociedad. Puede parecer ingenuo o dócil, pero es una actitud pragmática”.
El apoyo para la rehabilitación, uno de los pilares de la estrategia de Trudeau, acarrea sin embargo desafíos de importancia. Stéphane Leman-Langlois es director de la cátedra de investigación canadiense en vigilancia y construcción social del riesgo en la Universidad Laval. Comenta a Apro sobre la dificultad de obligar a estos individuos a seguir un programa de reinserción social: “Hay un precedente muy inquietante. Aaron Driver, un canadiense que simpatizaba con el EI y que planeaba ataques, fue liberado por las autoridades en junio de 2015 bajo una serie de condiciones. Una de ellas era la obligación de tomar sesiones de desradicalización. Su abogado logró frenar esta disposición. Va a ser muy complicado forzar a las personas a participar en estos programas”.
Aaron Driver murió por las balas de la policía en agosto de 2016 en Strathory (Ontario), cuando se disponía a cometer un atentado.
Además de las dificultades de imponer programas de reinserción, Leman-Langlois señala que no existen los recursos suficientes para hacerlo. “El Centro canadiense de Implicación Comunitaria y de Prevención de la Violencia que creó el gobierno federal no realiza trabajos de reinserción. Se dedica sobre todo a la recopilación de datos y al financiamiento de investigaciones. El centro que existe en Quebec sí cuenta con personal capacitado, pero no debería ser la única institución a cargo. Hay que ganarse la confianza de la gente, asegurar un seguimiento. Se necesitan recursos”, expresa.
A esto hay que agregar el debate entre expertos sobre la efectividad de los programas de reinserción para los yihadistas. Se señalan las experiencias esperanzadoras en Dinamarca y Arabia Saudita, pero también se evoca el cierre del centro de desradicalización en Francia a menos de un año de su apertura. La opinión generalizada apunta a que aún es temprano para presentar resultados fiables.
La prensa canadiense ha informado que algunas mujeres que viajaron para sumarse al EI también desean volver al país. Varias tuvieron hijos con yihadistas. Se estima que 15% de los canadienses que partieron para sumarse a grupos terroristas son mujeres. Como en los demás casos, no será fácil conocer a ciencia cierta la participación de cada una de ellas en actividades de apoyo a los grupos terroristas.
“Muchos de los niños no tienen documentos. Es necesario realizar todas las gestiones para la protección de estos menores”, afirma Ducol.
The Toronto Star contó la situación de una canadiense que partió a Siria en 2014 –con 19 años de edad– para sumarse al EI. Ella y sus dos hijas –una de dos años y otra nacida hace unas semanas– están actualmente en una zona controlada por una milicia kurda aliada de Estados Unidos.
“Trabajamos con las autoridades canadienses para encontrar una manera de llevarlas a Canadá”, contó al periódico Nader Hasan, abogado contratado por la familia de la mujer. “Creemos que es una víctima y que no se le puede ver de otra manera”, agregó.
Ciudadanos canadienses también viajaron a Siria o Irak, pero para combatir al EI. La exmodelo Hanna Böhman, el exfrancotirador del Ejército conocido como Wali (su historia aparece en la edición 2045 de Proceso) y otros individuos más han llamado la atención de la prensa por sus acciones bélicas. El gobierno canadiense no ha actuado en contra de ellos porque participaron en grupos que no aparecen en la lista de organizaciones consideradas como terroristas.
Ducol precisa: “Algunos de estos combatientes han tenido vínculos con redes pertenecientes al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), etiquetado como terrorista por las autoridades canadienses, por lo que podrían tener problemas. Aunque hay que subrayar que el PKK nunca ha amenazado a Canadá, como sí lo ha hecho el EI en distintos momentos. Estas personas también requieren de acompañamiento para favorecer su reinserción social”.
Canadá ha sufrido los estragos del terrorismo en tiempos recientes. Basta recordar el ataque al parlamento federal en Ottawa en octubre de 2014, la violencia terrorista en las calles de Edmonton en septiembre de 2017 y la masacre en la mezquita de Quebec en enero del año pasado. Cabe señalar que, en los dos primeros casos, los responsables fueron individuos que se inspiraron en el EI, mientras que el tercero fue obra de un simpatizante de la extrema derecha. Todos ellos han sido definidos como “lobos solitarios”. Hasta el momento no existen encuestas que reflejen la opinión de los canadienses sobre cómo proceder con los yihadistas que vuelvan al país.
