El estado de California está comprometido en mantener a familias unidas, y que no está en el “negocio de la deportación”.
Esta fue la fuerte contraria que envió el procurador general del Estado Dorado, Xavier Becerra, a la Administración Trump, luego que el Departamento de Justicia le dio un ultimatum para que acate con las leyes migratorias del país.
Durante una entrevista en el programa “This Week” de la cadena ABC, el funcionario estatal dio una respuesta a la carta enviada a California el viernes de la semana pasada, en la que el fiscal general de EEUU Jeff Sessions le dio como fecha límite el 30 de junio para que este y otros siete estados comprobaran que estaban cumpliendo con la ley federal de inmigración.
El pasado 21 de abril, el DOJ indicó a California, que tiene leyes que restringen la capacidad de agentes locales a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que perdería bonos del años fiscal previo si es que no se comprobaba que ICE sí tenía acceso a sus cárceles para detener a indocumentados o personas son órdenes de deportación.
Además de California, la carta fue enviada a funcionarios en Chicago, Nueva Orleans, Filadelfia, Las Vegas, Miami, Milwaukee y Nueva York.
A George Stephanopoulos, el presentador de “This Week”, Becerra le explicó que la Constitución de Estados Unidos da a los estados el derecho de decidir cómo la policía interactúa con sus ciudadanos.
“Estamos en el negocio de la seguridad pública”, dijo Becerra. “No estamos en el negocio de la deportación”.
“Quien quiera entrarse con nosotros, eso es hostilidad, estaremos listos”, dijo Becerra durante el programa.
Además, el fiscal general denunció durante la entrevista la idea de construir un muro con México, diciendo que tanto los pagadores de impuestos en EEUU como México se oponían a la construcción de la valla a lo largo de la frontera con territorio mexicano.
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