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El Gobierno catalán anunció el viernes que pretende celebrar un referendo unilateral de independencia en la región el próximo 1.° de octubre, una consulta que el Ejecutivo español dijo que frenará con todos los medios a su alcance.
Además de la fecha, el consejo de gobierno catalán reunido expresamente en el palacio de la Generalitat, aprobó la pregunta que planea hacer a los 5,5 millones de catalanes con derecho a voto: «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?».
«El referendo se celebrará el 1.° de octubre de este año», dijo el presidente catalán, Carles Puigdemont, junto a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y todo su gobierno en el Patio de los Naranjos del complejo de la Generalitat.
Es previsible que, una vez se firme el decreto de convocatoria, el gobierno conservador de Mariano Rajoy active de nuevo la maquinaria judicial para frenar una consulta que quieren la mayoría de los catalanes y que levantó ampollas en los últimos dos años entre catalanes y españoles.
Sin embargo, el anuncio de este viernes no se acompañó de ningún decreto de convocatoria escrito, ya que ello podría ser recurrible inmediatamente por el Gobierno central y sus firmantes llevados ante la Justicia.
El movimiento soberanista está impulsado por grupos que tienen la mayoría en el Parlamento regional, pero que no alcanzaron el 48 por ciento del voto popular en los comicios de finales de 2015. Un primer intento por llamar a las urnas a los catalanes, en noviembre de 2014, acabó en una consulta informal, sin valor legal alguno, después de que el Tribunal Constitucional de España anuló la convocatoria.
Además, los promotores de esa consulta -el expresidente catalán Artur Mas y dos integrantes de su Gabinete- fueron procesados por la Justicia española y condenados a penas de inhabilitación para cargo público.
A diferencia de entonces, ahora el Gobierno español se muestra mucho más firme y no prevé la posibilidad de que se instalen urnas, ni siquiera para una consulta informal. El Ejecutivo central recurrirá «todos y cada uno de los intentos» que supongan un «desafío» al Estado de Derecho, dijo el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.
Encuadró el anuncio de Puigdemont de «escenificación» que refleja la «soledad y aislamiento» de los soberanistas catalanes y que, además, responde a una «estrategia cada vez más minoritaria, unilateral y radical». Por eso Méndez de Vigo subrayó que se recurrirá cualquier actuación que «pase del anuncio a los hechos» en el camino de la celebración de una consulta de ese tipo.
Ahora el reto de los independentistas es cómo conseguirlo, porque la Justicia va a hacer frente a todas esas iniciativas, como ya hizo con puntos como la inclusión de una partida en los presupuestos de Cataluña para la celebración de un referendo o la tramitación de les futuras leyes de «desconexión» de la región respecto al Estado español.
Para defender su objetivo soberanista, Puigdemont explicó que la convocatoria es «en ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria» como Cataluña y aseguró que su Gobierno «se compromete a aplicar» el resultado que salga de las urnas.
Puigdemont recordó que hace siete años el Tribunal Constitucional español rechazó la reforma del Estatuto de Cataluña, máxima norma que rige la vida de la región, aprobado por el Parlamento Catalán y ratificado en referendo por los ciudadanos. Desde entonces, los intentos de diálogo entre el Gobierno catalán y el español cosecharon «larga colección de noes», según Puigemont.
El Gobierno de Rajoy cuenta con el respaldo de los socialistas (PSOE), primera fuerza de la oposición, y de los liberales de Ciudadanos, cuarta, mientras que la tercera, Unidos Podemos (izquierda), defiende una consulta acordada con el Estado.
Méndez de Vigo reiteró este viernes la oferta para que Puigdemont acuda al Congreso de los Diputados a explicar sus planes, aunque el Gobierno dejó claro que no permitirá la ruptura de la soberanía nacional.
En medio de este proceso está la situación de los funcionarios catalanes que se verían involucrados en esa eventual consulta, desde los policías encargados de la seguridad hasta los trabajadores del sector educativo que deberían abrir los centros para el referendo.
El principal sindicato del sector, CSIF, anunció que hará público un protocolo para proteger a los funcionarios que no quieran participan en la hipotética consulta.
En última instancia, el Gobierno central puede recurrir al artículo 155 de la Constitución que, según expertos, le permitiría suspender puntualmente competencias de la región y que funcionarios estatales las asumieran para mantener la legalidad.
REUTERS y EFE
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