Defensores de derechos humanos, en especial los que defienden la tierra y el medioambiente, siguieron en riesgo por amenazas y hostigamiento en Colombia en 2022, señaló Amnistía Internacional en su más reciente informe, en el que también alertó de la violencia a la que estuvieron sometidos excombatientes de las Farc, mujeres, pueblos indígenas y personas LGTBI.
Entre otros aspectos, en el «Informe 2022/23. La situación de los derechos humanos en el mundo», Amnistía resaltó que «continuaron los ataques contra los medios de comunicación y su personal», lo que amenaza la libertad de expresión, a la vez que «se denunció el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de autoridades del Estado».
Algunos hitos alcanzados en 2022 fueron la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la aprobación del Acuerdo de Escazú.
Entre otros hechos destacables, el informe menciona que el presidente, Gustavo Petro, restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela y reanudó las reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz para elaborar una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados.
También la reanudación de las conversaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), algo que se busca ampliar a otros grupos armados para lograr la paz total.
Mientras que entre las principales emergencias humanitarias el informe destacó la migración por el Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá; en junio Unicef alertó que más de 5.000 menores habían atravesado la selva, cifra que duplicaba la registrada en el mismo periodo de 2021.
Paz y conflicto armado
La situación de violencia persistió en Colombia, según el informe, provocando 220 emergencias humanitarias relacionadas con desplazamientos forzados y confinamientos que afectaron al menos a 249.106 personas, principalmente en la zona del Pacífico y la frontera con Venezuela.
En cuanto a los excombatientes de las Farc, el informe recordó que la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional debido a la constante y masiva violación de sus derechos fundamentales a la vida, su integridad física y su seguridad.
Amnistía también resaltó que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) recuperó los cuerpos de 185 personas cuya desaparición se había denunciado en el contexto del conflicto armado.
También en referencia al conflicto armado, AI resaltó que varios exmilitares, civiles y excomandantes de las Farc fueron acusados formalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto.
Derechos sexuales y pueblos indígenas
En el apartado de derechos sexuales y reproductivos, Amnistía celebró la «histórica» decisión de la despenalización del aborto -en febrero de 2022- y la apertura de un macro caso por parte de la JEP relativo a la violencia sexual, reproductiva y motivada por la orientación sexual en el marco del conflicto armado.
El Observatorio de Feminicidios informó que en 2022 se registraron 557 feminicidios.
Por otro lado, el informe final de la Comisión de la Verdad reconoció que se cometieron actos de violencia reproductiva como aborto forzado, esterilización forzada y anticoncepción durante el conflicto armado (1964-2016), mientras que recomendó al Estado abstenerse de reanudar la fumigación con glifosato como método de erradicación de cultivos ilícitos por los efectos negativos que tiene en la salud reproductiva.
El informe también subrayó la situación de violencia que viven las personas LGTBI, destacando que la JEP abrió una investigación sobre delitos sexuales y discriminación contra niños y adolescentes del colectivo reclutados a la fuerza durante el conflicto armado.
También durante el año pasado las refugiadas venezolanas sufrieron violencia y discriminación basadas en la nacionalidad y el género, alertó la organización.
En otro orden de cosas, el informe resaltó que «líderes y defensores indígenas fueron objeto de agresiones y asesinatos, y en zonas del país donde aún había grupos armados de oposición en activo, las comunidades indígenas y afrodescendientes sufrieron desplazamiento forzado y, en algunos casos, afrontaron crisis humanitarias».
