Las organizaciones de víctimas de los crímenes de guerra perpetrados durante el conflicto armado salvadoreño ven la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía como una vía para lograr una «verdadera reconciliación» y «cerrar heridas», aseguraron hoy a Efe representantes de las mismas.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró el miércoles «inconstitucional» la Ley de Amnistía General vigente desde 1993, que ha impedido juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992.
Para Eduardo García, representante de la organización Probúsqueda, el fallo «encamina» al país «hacia la reconciliación» porque «se abre una gran oportunidad para establecer una mesa de dialogo que sea integrada por los firmantes de los Acuerdos de Paz (1992)» y se ponga al centro a las víctimas.
«Sería como una nueva firma de los acuerdos, volver a iniciar ahora en un camino certero donde las víctimas forman parte de esto, porque han sido las eternas excluidas», expuso.
García aseguró que las posibles peticiones para reabrir procesos o iniciar indagaciones en otros casos de violaciones a los derechos humanos no serán «una cacería de brujas» porque las víctimas jamás han buscado violencia o venganza.
Probúsqueda es una organización no gubernamental que se dedica principalmente a buscar niños desaparecidos durante la guerra civil para que se reencuentren con sus padres.
Blanca Lidia García, del Comité de Madres Monseñor Romero (COMADRES), sostuvo por su parte que el fallo del Supremo «abre la posibilidad» para que en El Salvador haya «realmente un clima de paz, justicia y libertad» para los familiares de las víctimas.
«Estamos contentos porque esto es una apertura para que nuestro casos en la Fiscalía puedan ser esclarecidos, nosotros en ningún momento queremos venganza», explicó.
Añadió que como defensores de derechos humanos esperan que «los jueces realmente tomen conciencia y valor para llevar a juicio a todos los que cometieron masacres» durante el conflicto, y que los jefes militares y demás involucrados «deben estar dispuestos para que se pueda hacer justicia».
En ese mismo sentido, el director de la organización Tutela Legal «María Julia Hernández», Ovidio Mauricio, auguró que «los jueces que tienen la idea de contrarrestar los casos» y que ha utilizado la Amnistía para parar los proceso «van a querer argumentar otro tipo de situaciones».
Valoró que la Amnistía fue una estrategia política para «quitarle el valor» al Informe de la Comisión de la Verdad de 1993, que denunciaba las graves violaciones cometidas principalmente por el Ejército y que fue hecho público 7 días antes de aprobarse la ley.
En los Acuerdos de Paz «en ninguna esquina» establecían «una ley de amnistía, sino que planteaban combatir la impunidad» como «las organizaciones estamos pidiendo», añadió.
Por su parte, Guadalupe Mejía, una de las activistas más reconocidas de COMADRES, el equivalente salvadoreño a las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, el fallo de inconstitucionalidad es «esperanzador».
«Vamos a ver si se lleva a la práctica la justicia, que es por lo que hemos venido luchado, que haya justicia, verdad y reparación porque creemos que nuestro país tiene ese derecho, a que haya reconciliación», señaló.
Mejía lleva 33 años de «estar en esta lucha», desde 1983, su esposo fue asesinado por las fuerzas de seguridad en 1977 y su hermano desaparecido forzosamente en 1981.
Entre los casos que podrían ser reabiertos o investigados por la nulidad de la Amnistía están el de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras (1989), la masacre de más de 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el magnicidio de Óscar Romero (1980), ahora beato de la Iglesia Católica.San Salvador, 14 jul (EFE).-
