México, 5 jun (EFE).- Con varias denuncias en su contra, una de la propia Arquidiócesis, el ya excura mexicano Eduardo Córdova está en paradero desconocido, aunque presumiblemente la justicia lo llamará en las próximas semanas para que enfrente las acusaciones de abuso de menores cometidas desde hace más de 30 años.
«Con lo que tienen (las pruebas), podrían dictar ya la orden de aprehensión», aseguró a Efe el activista Martín Faz, quien se está encargando de coordinar la defensa de las víctimas denunciantes, un total de 19.
Estas interpusieron el pasado 30 de mayo ante la fiscalía del central estado de San Luis Potosí una denuncia contra el religioso por delitos de abuso sexual, corrupción de menores y privación ilegal de la libertad.
También contra la Arquidiócesis de este estado por encubrimiento ya que, presuntamente, conocía las prácticas del sacerdote que hasta hace unas semanas era representante legal de la misma, pues habían sido denunciadas internamente en numerosas ocasiones.
De hecho, fueron muchas las cartas que las familias de las víctimas enviaron al organismo religioso hablando de este «hombre exageradamente inteligente, fríamente calculador y que hizo lo que quiso en la casa de Dios», señala una de las misivas.
«Los encerraba en su oficina con el pretexto de confesarlos, les empezaba a hablar de la masturbación y les decía que los tenía que tocar para ver si no se masturbaban», apunta otra de las cartas, la mayoría escritas por madres o hermanas de las víctimas y dirigidas a una Arquidiócesis que hasta hace poco hizo oídos sordos.
El pasado mes de mayo, el Vaticano encontró a Córdova culpable del delito de abuso sexual contra un menor, por lo que le suspendió de sus licencias ministeriales, después de una denuncia interna de la mencionada Arquidiócesis.
Tras la decisión del Vaticano, este organismo acudió a fiscalía de San Luis Potosí a denunciar este caso, impulsados por la política del papa Francisco de cero tolerancia a la pederastia.
«Así tiene que actuar la Iglesia, cooperando activamente con el Estado», aseguró a Efe Armando Martínez, abogado de la Arquidiócesis.
Estos abusos se produjeron entre 2011 y 2012 y la denuncia presentada es algo histórico, «sin precedentes», indicó.
Sin embargo, la prensa local informó esta semana de que la denuncia no fue ratificada por la Arquidiócesis, algo que -según Martínez- no tiene que hacer esta autoridad, sino la propia víctima, quien «no parece que vaya a testificar».
Fuentes de la fiscalía consultadas por Efe explicaron que la denuncia sí que tiene que ser ratificada por la autoridad eclesiástica, que además tiene que proporcionar más pruebas y datos para localizar a Córdova, algo que todavía no ha hecho.
«Lo que hicimos fue abrir la puerta. Si no se presenta la víctima», pero lo hacen «19 personas más, pues qué bueno, apuntó Martínez, quien añadió que el objetivo es que «se investigue lo que está sucediendo y no haya lugar a dudas».
Sin embargo, en opinión de Faz, la denuncia no es más que «una cortina de humo, una estrategia en la que han querido presentarse ante la opinión pública, como si ellos estuvieran interesados en las víctimas y lo único que quieren es salvar el pellejo y la imagen de la institución».
México, el segundo país del mundo con mayor número de católicos, se han registrado varios casos de sacerdotes pederastas, el más famoso el del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo.
«Hay una institución que sabe de conductas sistemáticas de uno de sus integrantes y nunca dio aviso a las autoridades civiles, en contra de lo que la ley señala», añadió Faz.
El defensor aseguró que desde 1998 se levantaron procesos internos en la Iglesia contra Córdova, aunque hay víctimas que están denunciando que ya en los años 80, cuando aún no era sacerdote, también intentó abusar de ellos como profesor de un colegio.
Y es que como representante legal de la Arquidiócesis, Córdova «armó todo un entorno de encumbramiento de poder en la política local y en las clases sociales que lo convirtió en un hombre intocable».
Su modus operandi, explicó, estaba orientado a jóvenes entre 14 y 17 años, a quienes «les demostraba su poder de una manera previa al abuso» para que por miedo no avisaran a sus familias.
«Las denuncias que empezaron a llegar a la Arquidiócesis fueron acalladas y la gente, al darse cuenta de la enorme impunidad y al no encontrar un ambiente propicio para denunciar, se regresó a sus casas y se quedó ahí», apuntó el activista, quien explicó que muchos abusos han prescrito, aunque no los ahora denunciados.
A Córdova se le había abierto otro proceso en 2004, pero tras cuatro años de investigaciones la Iglesia no encontró ninguna responsabilidad, lo que permitió continuar impunemente con sus abusos.
