Tras conocerce del asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, el pasado martes, a manos de un grupo de delincuentes, el jefe de Estado, Nayib Bukele, se pronunció para afirmar que su Gobierno “arrasará” con los asesinos y que estos “no saldrán jamás” de la cárcel.
“Que sepan todas las ONG de ‘derechos humanos”, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás», publicó en Twitter el mandatario.
Esta publicación se dio después de que la PNC reportara la muerte de un agente en el norteño departamento de Chalatenango, «quien fue atacado por pandilleros mientras patrullaba con otros policías».
“No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepago, sus políticos marionetas, ni su famosa ‘comunidad internacional’, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo”, agregó Bukele.
El Congreso, de amplia mayoría oficialista, se dispone a votar por la decimocuarta ampliación de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó en una entrevista televisiva que unas 5.000 personas arrestadas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que representan más de 7 % de las detenciones, han sido liberadas.
Villatoro rechazó los señalamientos de diversas organizaciones humanitarias sobre la detención de personas sin vínculos con las pandillas.
Organizaciones humanitarias del país centroamericano registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.
El Gobierno enmarca en esta medida su llamada “guerra contra las pandillas” a la que atribuye la reducción de los homicidios hasta una tasa de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022, aunque dicho dato es cuestionado por un observatorio de derechos humanos.
