San Salvador, 29 jul (EFE).- La Universidad Centroamericana (UCA), a la que pertenecían 6 padres jesuitas asesinados en 1989 por el Ejército, exigió hoy a la Fiscalía salvadoreña abrir los procesos judiciales por crímenes de guerra tras la derogación de la Ley de Amnistía que lo impedía.
El pasado 13 de julio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró «inconstitucional» la Ley General de Amnistía vigente desde 1993 que impedía reabrir, investigar o procesar crímenes lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil (1980-1992).
La CSJ se basó en el alegato de que esa amnistía «es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas».
«Exigimos al fiscal general de la República que cumpla con la sentencia de la Sala y con su mandato constitucional investigando los casos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad» de las Naciones Unidas, dijo la UCA en un comunicado de prensa.
El mencionado informe, publicado siete días antes de que se emitiera la amnistía general, recoge casos como el de la masacre de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras (1989), el de unos 1.000 campesinos masacrados en El Mozote (1981) y el asesinato de Óscar Romero (1980), ahora beato de la Iglesia católica.
El centro académico también exigió que se investiguen las 66 denuncias hechas al ente fiscal por el Instituto Universitarios de Derechos Humanos (IDHUCA), de otras organizaciones y víctimas que «presentan características similares».
Según la UCA, la ley «generó una arbitraria y perpetua impunidad, favoreciendo de forma amplia y absoluta a los autores intelectuales y materiales de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado».
Añadió que «en ningún momento las víctimas buscan venganza o beneficio económico» con la apertura de los procesos, sino que esperan «el cumplimiento del derecho que todo salvadoreño tiene a la verdad, a la justicia y a la reparación».
Ante el anuncio hecho por el Gobierno de que prepara una «ley de reconciliación», que vendría a sustituir a la de amnistía anulada, iniciativa que ha sido respaldad por diversos sectores, la UCA instó al Congreso a no aprobar «otra ley en la que nuevamente se olvide a las víctimas y se les violenten sus derechos».
«Todo lo anterior es necesario en aras» de «empezar a forjar una real y verdadera reconciliación que nos permitirá avanzar y crear juntos un futuro incluyente y digno», concluyó.
La misiva también fue respaldada por la Red de Comités de Víctimas y Sobrevivientes del Conflicto Armado en El Salvador».
La guerra civil que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy en el poder como partido político, se saldó con unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
