La detención y condena de menores de edad, unas medidas que se han reforzado en El Salvador en el marco de la «guerra» contra las pandillas que el libra el Gobierno, perpetúan los ciclos de violencia, exclusión y pobreza, alertó este jueves Unicef, que pidió «encarecidamente» a las autoridades revisarlas.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia o Unicef afirmó que unos cambios legislativos que endurecen el trato de los menores sindicados como miembros de pandillas, aprobados el pasado 30 de marzo, no se ajustan a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte.
El ente mundial se refirió así a las modificaciones a la ley penal juvenil salvadoreña según las cuales los niños, niñas y adolescentes que «sean condenados por cometer un delito como parte de un grupo delictivo y que tengan entre 12 y 15 años de edad podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión», mientras que «los mayores de 16 años podrían enfrentarse a hasta 20 años» de cárcel.
Estos cambios legislativos permiten además que los menores «permanezcan detenidos hasta que se dicte sentencia firme y limitan la posibilidad de que sus sentencias sean modificadas o anuladas».
Unicef señaló que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, «todo niño, niña y adolescente debe estar protegido frente a la detención», una medida que solo debe utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible.
Las pruebas demuestran que el encarcelamiento aumenta las posibilidades de que los menores abandonen la escuela y cometan un delito más adelante en su vida, perpetuando así los ciclos de violencia, exclusión y pobreza, dijo Unicef, y aseveró que «las medidas no privativas de libertad son mucho más rentables y generan mejores resultados» para esta población y la sociedad en general.
«En este momento decisivo, instamos encarecidamente al Gobierno de El Salvador a que revise los cambios en la ley penal juvenil. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se aplican en todo momento, incluso en los estados de excepción», como el que rige en El Salvador desde el pasado 27 de marzo, dijo Unicef.
El organismo mundial se puso a la disposición de las autoridades salvadoreñas para «proporcionar apoyo técnico para hacer frente a la violencia de las pandillas y revisar la ley penal juvenil de acuerdo con las normas internacionales».
El régimen de excepción fue aprobado por el Parlamento a pedido del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ante el «incremento desmedido» de los asesinatos, que convirtieron al 26 de marzo pasado en el día más mortífero de la historia reciente salvadoreña, con 62 homicidios, atribuidos a las pandillas.
En este marco se han dado capturas masivas de presuntos integrantes de pandillas, unos grupos criminales que tienen alrededor de 70.000 miembros y que se vinculan a las extorsiones, narcotráfico y tráficos de armas, entre otros.
El ente de la ONU recalcó que «las medidas punitivas por sí solas no resolverán la violencia de las pandillas», y que «los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de violencia tanto por parte de las pandillas como siendo miembros de estas». «Pueden ser reclutados y pueden ser utilizados», agregó.
También indicó que en los últimos años, El Salvador ha realizado importantes avances para proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizar sus derechos con políticas sociales centradas en la infancia y con inversiones en programas de educación y desarrollo de la primera infancia que han demostrado prevenir la violencia.
«Se puede ir más allá: trabajar con las comunidades para promover interacciones seguras y positivas que eviten su reclutamiento en las pandillas. Se trata de empoderar a la niñez y adolescencia para crear una cultura de paz», agregó Unicef.
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