LIMA, Perú —Ana Estrada Ugarte murió en Perú tras someterse a un procedimiento de eutanasia, después de lograr que la Justicia peruana reconociera el derecho a la muerte asistida.
“El domingo 21 de abril de 2024, Ana Estrada ejerció su derecho fundamental a una muerte digna y accedió al procedimiento médico de eutanasia”, informó a través de un comunicado la abogada de la paciente, Josefina Miró.
“Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”, añade la nota.
De esta forma se convirtió en la primera paciente en morir por un procedimiento asistido en Perú.
Estrada, de 47 años, padecía polimiositis, una enfermedad rara y degenerativa que inflama y debilita los músculos.
En 2015, cuando comenzó a tener dificultades para respirar y deglutir, la psicóloga peruana fue sometida a una traqueotomía y una gastrostomía para poder respirar y comer.
Aquella circunstancia la obligó a renunciar a su autonomía y quedó bajo el cuidado permanente de enfermeras.
En 2019 abrió el blog «Ana busca la muerte digna» y lanzó una petición para que las autoridades peruanas le permitieran acceder a la muerte asistida.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo llevó su causa ante el Poder Judicial a través de una acción de amparo. La demanda de Estrada no tenía precedentes en Perú, donde la eutanasia era ilegal.
De hecho, el Código Penal peruano sancionaba el «homicidio piadoso» de un paciente incurable con hasta tres años de cárcel.
Sin embargo, el 23 de febrero de 2021 la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud de Perú que respetara la voluntad de Estrada de poner fin a su vida a través de la eutanasia y que no se aplicara el Código Penal en su caso, para evitar que los profesionales que intervinieran en su tratamiento fueran procesados.
Aquella decisión histórica fue ratificada por la Corte Suprema en julio de 2022.
El comunicado difundido por la abogada detalla que el procedimiento médico se realizó “conforme al Plan y Protocolo de Muerte Digna”, aprobado por el seguro social estatal EsSalud.
“Ana partió agradecida con todas las personas que se hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía”, agrega la nota.
El comunicado agradece de forma especial a los “funcionarios públicos” de la Defensoría del Pueblo que impulsaron su caso.
