El gobierno de Donald Trump anunció este lunes que permitirá que sus ciudadanos de origen cubano puedan demandar a partir del 19 de marzo -y por un mes- a empresas que ahora funcionan bajo la tutela de los militares de la isla y que fueron confiscadas tras el inicio de la Revolución de Fidel Castro.
Se trata de una aspiración de más casi 60 años de emigrados cubanos y que tomó forma de ley en 1996 cuando bajo la presidencia de Bill Clinton se aprobó la llamada Ley Helms-Burton que, en su título III, permite llevar ante las cortes de EE.UU. a ciudadanos o entidades foráneas o nacionales que ocupen las propiedades que incautó el gobierno castrista.
Sin embargo, hasta este lunes, todos los gobiernos de Estados Unidos habían firmado cada seis meses una moratoria de la aplicabilidad del artículo, dada la polémica que conllevó su aprobación con la Unión Europa, uno de los principales inversores extranjeros de la isla.
Ahora, aunque en un inicio se temió que también incluyera a las empresas extranjeras, el Departamento de Estado lo limitó únicamente a empresas pertenecientes a una «lista negra» de la Casa Blanca.
Se trata de la llamada «lista de restricciones a Cuba» e incluye más de 200 entidades que, en criterio de las autoridades de EE.UU., están «bajo el control o actúan en nombre» de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad. En la práctica, aunque las demandas progresen y lleguen a un veredicto, la sentencia no sería vinculante y EE.UU. no tiene mecanismos para obligar el gobierno cubano a cumplirla.
Cuba condenó la medida y envió un mensaje de seguridad a inversores extranjeros que estén o deseen hacer negocios en la isla.
En el listado del Departamento de Estado, actualizado por última vez en noviembre de 2018, aparecen 205 entidades que van desde instituciones como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta la cadena cubana de establecimientos turísticos de Gaviota.
Una de las principales señaladas es Gaesa, el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias con ramificaciones que van desde el sector hotelero hasta las tiendas minoristas de ventas de productos en divisas.
Con anterioridad, el gobierno de Estados Unidos había anunciado medida contra estas agrupaciones dirigidas por militares. En Cuba, la mayoría de los hoteles son propiedad de empresas controladas por las Fuerzas Armadas y gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras.
No obstante, EE.UU. determinó este lunes que solo podrán interponerse denuncias contra la parte cubana que es propietaria de la entidad y que está incluida en esa «lista negra»; pero no contra las compañías extranjeras que participan en esa sociedad.
