Bogotá, 10 sep (EFE).- Un carpintero colombiano se libró hoy de la extradición a Estados Unidos después de pasar casi seis meses preso por un error de las autoridades de ese país que lo acusaron de liderar una red de lavado de activos relacionados con el narcotráfico.
El insólito caso de Ariel Josué Martínez Rodríguez, padre de familia y con problemas epilépticos, llamó la atención de la prensa y las autoridades colombianas después de que sus familiares y amigos de San Vicente del Caguán, y hasta el párroco de esa localidad del sureño departamento del Caquetá, denunciaran la «injusticia» cometida.
Martínez, de 43 años, fue detenido el 18 de marzo pasado en su casa en San Vicente del Caguán, localidad que entre 1999 y 2002 fue sede de un fracasado proceso de paz del Gobierno con la guerrilla de las FARC, y enviado a la cárcel de La Picota en Bogotá, acusado por una Corte del Distrito Sur de la Florida (EE.UU.) del delito de lavado de dinero producto del narcotráfico.
Según dijo hoy Martínez a la radio La F.m., desde la cárcel, cuando fue detenido, los agentes le dijeron que la justicia de Estados Unidos lo pedía «por lavado» de activos, un término que asegura desconocer.
«Lo conocemos maravillosamente, es un hombre muy humilde, sencillo y pobre. Somos muy amigos y durante mucho tiempo le he estado ayudando en la orientación de su matrimonio», dijo por su parte el sacerdote José Samuel García a Blu Radio.
Martínez, oriundo del departamento de Boyacá, en el centro del país, llegó al Caquetá en 1991 y en San Vicente regentaba el taller de carpintería de un amigo, un negocio que según dice, produce anualmente cerca de 70 millones de pesos (unos 35.000 dólares), cifra muy inferior a las que se mueven en el mundo del narcotráfico con el que se vincula.
El carpintero, por medio de un abogado, solicitó varias veces sin éxito la revisión de las pruebas que supuestamente lo incriminaban, y a pesar de las denuncias, el Gobierno colombiano firmó el pasado lunes la orden de extradición a Estados Unidos, avalada por la Corte Suprema de Justicia.
En sus declaraciones a las radios, Martínez dijo que ante la negativa de las autoridades a revisar las pruebas que supuestamente lo incriminan, haría hasta lo imposible por demostrar su inocencia.
En su lucha por la presunción de inocencia, pidió al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que lo investigaran «bien» pues es una persona común y corriente, con unos ingresos mensuales del orden de 800.000 pesos (unos 400 dólares).
Martínez argumentó que no posee antecedentes judiciales e instó al jefe del Estado a «ser consciente» de la injusticia que se estaba cometiendo en su caso.
Ante la polémica suscitada en los medios, la Fiscalía colombiana solicitó a las autoridades judiciales de Estados Unidos la revisión del expediente de Martínez y hoy anunció que el Departamento de Justicia de ese país retiró la orden de extradición que pesaba sobre el carpintero tras reconocer que se trató de un error, según medios locales.
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, que visitó a Martínez durante su estancia en prisión y puso a su disposición los recursos de esa entidad, reclamó que se revisen los errores judiciales cometidos en el caso.
Otálora valoró que el caso haya desatado «la solidaridad de todos los colombianos y la reacción de todas las instituciones» y se mostró satisfecho porque la situación de Martínez «haya tenido un resultado tan pronto y tan positivo».
