Un abogado colombiano demandó ante la Corte Constitucional el Tratado Esguerra-Bárcenas, suscrito en 1928 y que definió en su momento cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua, al considerar que viola al menos 15 artículos de la Constitución Política del país andino.
Según medios locales, el abogado Elson Rafael Rodríguez Beltrán le pide a ese tribunal que declare «inexequible (que no procede) la ley demandada y de esta manera dejar sin vigencia un tratado que para vergüenza nuestra perfeccionó uno de los varios despojos territoriales de los cuáles ha sido víctima nuestra sufrida Colombia».
El jurista sustenta su querella en que ese instrumento viola al menos 15 artículos de la Constitución Política, entre ellos el 102, que señala que el territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece a la Nación.
«Y si el territorio pertenece a la Nación colombiana es inalienable, imprescriptible y no puede ser objeto de entrega a ningún título a otra República, en este caso Nicaragua, y mucho menos reconocerle soberanía y pleno domino», dice el texto de la demanda.
Agrega que los territorios del Estado colombiano son los que correspondían desde la época del Virreinato de la Nueva Granada y señaló como inconstitucional el contenido del tratado Esguerra-Bárcenas.
A través de ese instrumento, se reconoció la soberanía de Nicaragua sobre las islas Mangle Grande y Mangle Chico y la Costa de Mosquitos desde el cabo Gracias a Dios hasta el río San Juan.
Y a Colombia se le reconoce la soberanía y pleno dominio sobre las Islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todos los demás islotes y cayos que hacen parte del archipiélago.
Según Rodríguez Beltrán, lo que hizo el presidente de la época, Miguel Abadía Méndez, fue entregar «sin tener las facultades constitucionales y legales» varios territorios a Nicaragua.
El 19 de noviembre del año pasado un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya concedió a Nicaragua derechos económicos sobre 75.000 kilómetros cuadrados en el Caribe, muy cerca de San Andrés, sentencia que lejos de poner fin a un litigio limítrofe iniciado por ese país en el siglo pasado ha reavivado las tensiones entre los Gobiernos de ambos países.
En ese fallo, la CIJ redefinió los límites en el Caribe entre Colombia y Nicaragua y ratificó la soberanía colombiana sobre siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Colombia en 2007.
El Gobierno colombiano ha dicho que ese fallo es «inaplicable» y que acudirá a todos los frentes para defender los derechos ancestrales de los isleños.
Por otro lado, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para que ese tribunal le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe, a lo que Colombia ha respondido que no cederá un ápice a las pretensiones del país centroamericano.
El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es el único departamento insular del Colombia, situado en el Caribe suroccidental, a 720 kilómetros de la costa del país y a 110 kilómetros de la nicaragüense.
Hoy, en Nueva York, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, entregó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, una carta de protesta por las pretensiones expansionistas de Nicaragua en el mar Caribe.
La oficina del portavoz de la ONU confirmó también la recepción de la carta, que fue firmada además por los presidentes de Panamá, Ricardo Martinelli, y Costa Rica, Laura Chinchilla, cuyo contenido no se ha hecho público.
Bogotá, 23 sep (EFE).-
