El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) canceló este lunes el programa poniendo fin al beneficio activado en 2001 y dará hasta septiembre de 2019 como plazo para abandonar el país o buscar una salida legal a su situación.
El gobierno del presidente Donald Trump canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador poniendo así fin al amparo de las deportaciones de casi 200,000 inmigrantes indocumentados que llevan casi dos décadas en Estados Unidos. El gobierno dará hasta el mes de septiembre de 2019 como plazo para abandonar el país o buscar una salida legal a su situación.
El programa fue activado por primera vez en marzo de 2001 como parte de la respuesta humanitaria del gobierno federal estadounidense a los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero que ese año azotaron al país centroamericano.
“Medida terrible y detestable”
Para las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, la cancelación del TPS de El Salvador “es una medida terrible y detestable”, dijo a Univision Noticias Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland.
“Lo que estamos viendo es parte de la estrategia y política del gobierno de Donald Trump de seguir atacando a la comunidad inmigrante y desuniendo a nuestras familias”, agregó.
Desde un inicio de su campaña por la presidencia, a principios de junio del 2015, Trump amenazó con deportar a todos los indocumentados que viven en el país y con cancelar todo tipo de programa que les conceda beneficios de permanencia, entre ellos el TPS y DACA.
También aseguró que expulsaría a los 11 millones de indocumentados en un plazo de 18 meses, y para ello contaría con una poderosa fuerza nacional de deportaciones.
“La cancelación del TPS de El Salvador deja a más de 195,000 inmigrantes al borde de la deportación”, añadió Torres. “Se trata de personas, padres de familia, trabajadores que llevan casi dos décadas en Estados Unidos, han establecido aquí sus hogares legalmente y han luchado por nuestra nación”.
El activista dijo además que varias organizaciones marcharán este lunes hacia la Casa Blanca, “donde denunciaremos a este gobierno inhumano cuya política migratoria ataca sin piedad a nuestra comunidad”.
También urgirán al Congreso a que apruebe una ley para legalizar a los más de 300,000 centroamericanos y haitianos protegidos por el TPS y los más de 800,000 dreamers protegidos por DACA, programa que fue cancelado el pasado 5 de septiembre.
Temores previos
El viernes, el ministro de Relaciones de El Salvador, Hugo Martínez, dijo que tras “completar algunas últimas gestiones y llamadas”, el gobierno aguardaba el anuncio.
La última prórroga del TPS de El Salvador está vigente hasta el 9 de marzo. Por ley, el DHS debía anunciar si lo cancela o prorroga 60 días antes de esa fecha. Si no lo hace, el programa concluye automáticamente en la fecha designada tras la última extensión.
Martínez dijo también que el viernes el presidente (Salvador) Sánchez Carén sostuvo una larga conversación con la secretaria Nielsen, oportunidad en la que le planteó que “cualquier escenario de decisión, el país (El Salvador) necesita tiempo para continuar las gestiones ante el Congreso”, y que también le había enfatizado “los aportes de nuestros compatriotas amparados por el TPS, tanto en Estados Unidos como en El Salvador”.
Las palabras del canciller dejaron entrever que en el anuncio que este lunes el gobierno de Trump anunciaría la cancelación del programa, tal y como lo hizo a principios de noviembre con el TPS de Nicaragua, que favorece a unos 2,500 indocumentados, y a mediados del mismo mes con el programa de Haití, que ampara de la deportación a poco más de 57,000 inmigrantes sin papeles de permanencia legal en Estados Unidos.
“Nos animó a que continuáramos con las gestiones que estamos realizando en el Congreso”, apuntó Martínez.
El gobierno de Trump considera que el último plazo otorgado a los salvadoreños amparados por el TPS se trata de un tiempo adecuado para que se preparen a abandonar el país, o arreglar sus permanencias bajo cualquier otra vía legal posible, como la del congreso mencionada por Martínez.
Un año de clamores
La embajada salvadoreña en Washington DC explicó que el gobierno de San Salvador llevó a cabo un “intenso” lobby para evitar la cancelación del TPS y conseguir una nueva prórroga.
Desde finales de enero del año pasado, poco después que Trump asumiera la Casa Blanca, altos funcionarios viajaron a la capital estadounidense para reunirse con los secretarios de estado que debían decidir el futuro del programa, confirmó a Univision Noticias la sede diplomática.
“Se llevaron a cabo ocho visitas de trabajo a nivel de cancillería, que incluyeron sesiones con altos funcionarios del DHS”, dijo Ana Guardado, secretaria de prensa de la sede diplomática.
“El canciller (Hugo) Martínez se reunió con los tres secretarios del DHS”, agregó, siendo ellos John Kelly (actual jefe de gabinete de la Casa Blanca), Elaine Duke (quien fungió de manera interina) y Nielsen, la actual cabeza del DHS, que asumió el mando en noviembre luego de ser confirmada por el Senado.
Funcionarios salvadoreños también sostuvieron 39 reuniones con congresistas y senadores demócratas y republicanos, y se llevaron a cabo 186 jornadas informativas en los consulados de El Salvador en el país, agregó Guardado.
A principios de mayo, el DHS deberá anunciar si prorroga o cancela el TPS de Honduras, que ampara de la deportación a unos 56,000 indocumentados de ese país centroamericano.
El programa concede además una autorización de empleo, que permite la tramitación de un carné de conducir y una tarjeta y número de Seguro Social.
