Ontario extiende el contrato de cárceles a pesar de prometer poner fin a la práctica, Quebec podría seguir su ejemplo.
A pesar de las garantías de cada provincia canadiense de que están terminando sus acuerdos de detención de inmigrantes con el gobierno federal, Ontario y Quebec ahora parecen estar retrocediendo, a petición del gobierno federal.
El gobierno de Ontario había declarado que a partir del 15 de junio, se negaría a encarcelar a migrantes en nombre de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) en sus cárceles provinciales.
Sin embargo, Radio-Canada ha aprendido que los migrantes detenidos por razones administrativas permanecen tras las rejas en esa provincia y podrían estarlo por algún tiempo.
«Tras una solicitud del Gobierno de Canadá, se otorgó una extensión de 45 días al acuerdo de detenidos de inmigración», confirmó un portavoz del Ministerio del Procurador General de Ontario.
Según el portavoz, esa extensión expirará el 31 de julio de 2024, pero la CBSA no ha confirmado una fecha límite precisa y dice que las discusiones con Ontario y Quebec están en curso.
Trudeau busca una extensión de Legault también
Quebec también había indicado que ya no encarcelaría a personas por motivos de inmigración a partir del 30 de junio.
Sin embargo, esto también parece haber cambiado después de una reciente reunión entre el primer ministro Justin Trudeau y su homólogo de Quebec, François Legault.
Ottawa ofreció 750 millones de dólares para ayudar a Quebec a pagar los servicios para los solicitantes de asilo, y la detención de migrantes formó parte de las conversaciones.
«Durante su reunión del 10 de junio, el primer ministro y el premier dijeron que están listos para abrir la discusión sobre este tema», escribió el Conseil exécutif de Quebec en respuesta a las consultas de Radio-Canada.
«Los dos gobiernos están actualmente en discusiones», agregó el consejo, que informa directamente al primer ministro de Quebec.
Ni el gobierno federal ni el gobierno de Quebec están ofreciendo un cronograma preciso para una posible extensión del contrato, pero la propuesta de financiación del gobierno federal dice: «El Gobierno de Canadá ha solicitado acceso continuo a las instalaciones correccionales de Quebec por 18 meses adicionales.»
El abogado de inmigración Pierre-Olivier Marcoux, de la Clínica de Asistencia Legal de Montreal, dijo que está muy preocupado por estos nuevos desarrollos.
Describió a los migrantes encarcelados como «los más vulnerables de los más vulnerables» y dijo que «sufrirán» aún más si se permite continuar con el uso de cárceles.
Cuando la CBSA detiene a personas por motivos de inmigración, puede optar por retenerlas en una cárcel provincial o en uno de sus centros de detención de inmigración en Toronto, Laval (Quebec) y Surrey (Columbia Británica).
«La detención en una instalación provincial, en las provincias donde esta medida aún está disponible, se limita a los casos más difíciles, cuando hay serias preocupaciones sobre el peligro para el público, otros detenidos o el personal», escribió la CBSA.
Según Marcoux, muchos de estos detenidos están luchando con problemas de salud mental y se agitan en detención.
Dijo que uno de sus clientes está actualmente retenido en la cárcel de Rivière-des-Prairies en Montreal porque se le considera un riesgo de fuga, no porque se le considere un peligro para el público.
Bajo la Ley de Protección de Inmigrantes y Refugiados, la CBSA puede detener a ciudadanos extranjeros y residentes permanentes por tres razones principales: si su identidad no ha sido suficientemente establecida, si se consideran un peligro para el público, o si se consideran un riesgo de fuga, lo que significa que la agencia fronteriza cree que no se presentarán a los procesos de inmigración, incluida la deportación.
Del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024, la CBSA detuvo a casi 5,000 migrantes, el 78 por ciento de los cuales fueron considerados un riesgo de fuga. De todos los detenidos inmigrantes, el 17 por ciento fueron enviados a una cárcel provincial.
Marcoux dijo que el uso de cárceles para detenidos de inmigración es contrario a las obligaciones de derechos humanos de Canadá.
