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Toyota acuerda pagar 1.100 millones de dólares por las revisiones de 2009-10

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El fabricante japonés de vehículos Toyota Motor acordó hoy pagar 1.100 millones de dólares para compensar a los propietarios de sus vehículos por las llamadas a revisión realizadas en el período 2009-10, e instalar nuevos sistemas que eviten aceleraciones involuntarias.
El fabricante ha accedido a las compensaciones con un tribunal de California, y el montante dispuesto se contabilizará como pasivo en los resultados de la compañía, probablemente en los del último trimestre del año.
Parte del dinero irá dirigido a compensar directamente a los propietarios de hasta 16 millones de vehículos Toyota por los problemas vinculados a las llamadas a revisión récord realizadas en 2009 y 2010 que ya supusieron fuertes pérdidas al fabricante.
Unos 250 millones de dólares de este acuerdo irán destinados a compensar a aquellos que vendieron su vehículo, a un precio inferior al normal, entre septiembre de 2009 y finales de 2010 por las preocupaciones sobre la seguridad de su automóvil, mientras que otros 250 millones servirán para compensar a aquellos que tienen un Toyota en el no se puedan realizar nuevas modificaciones de seguridad.
Además, Toyota deberá garantizar que no vuelven a producirse problemas similares, que el fabricante atribuyó a la interacción con las alfombrillas y siempre negó que tuvieran relación con un fallo electrónico.
«El acuerdo marca un importante paso hacia adelante para la compañía y nos permite poner nuestra energía, tiempo y recursos en nuestro enfoque central: fabricar los mejores vehículos posibles», indicó en un comunicado Christopher Reynolds, vicepresidente de Toyota Motor Sales, filial de la multinacional nipona en EE.UU.
Toyota no reconoce haber cometido error alguno y el acuerdo permite al gigante japonés evitar enfrentarse a un proceso judicial más largo y costoso.
Toyota aún se enfrenta a otras demandas originadas por las llamadas a revisión de más de 5 millones de vehículos en Estados Unidos por las aceleraciones involuntarias, que ya le han obligado a pagar 66 millones a la agencia de seguridad en carretera de Estados Unidos (NHTSA), en varias multas, la última hace dos semanas.

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