El Senado chileno aprobó por una amplia mayoría la reforma constitucional que habilita el proceso para redactar una nueva Constitución y que ahora debe recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados.
Por 40 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, los senadores aprobaron la reforma entre aplausos y rechazaron el centenar de cambios propuestos por algunos partidos.
«Todos los actores que suscribieron el compromiso honraron su palabra y eso es muy importante porque da cuenta de la responsabilidad y seriedad con la cual se está abordando este desafío», dijo el presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde.
Los votos en contra fueron solo de los independientes Juan Castro, Karim Bianchi y Carmen Gloria Aravena y del ultraderechista Rojo Edwards, del Partido Republicano (PR).
«Espero que este mismo ánimo constructivo (…) se exprese también en la tramitación de la Cámara (de Diputados)», añadió Elizalde.
Si no hay cambios en la Cámara Baja, el itinerario para un nuevo proceso constituyente será el mismo que el suscrito tras tres intensos meses de negociaciones por 14 partidos desde la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista.
El acuerdo establece que el nuevo órgano que redactará la propuesta de Ley Fundamental se llamará Consejo Constitucional y estará integrado por 50 personas electas por la ciudadanía.
Paralelamente, se establecerá un comité de expertos designados por el Congreso (12 por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados) que elaborará un anteproyecto que sirva de base al consejo, que tendrá 4 meses para elaborar el texto.
El proyecto de Carta Magna tendrá que ser aprobado finalmente por la ciudadanía en un plebiscito el 17 de diciembre para su entrada en vigor.
El acuerdo incluye además 12 principios institucionales que debe seguir el órgano redactor y que impedirían una propuesta refundacional, como la que se rechazó el pasado 4 de septiembre por más del 62,5 % de los votos y que fue redactada por una convención de mayoría progresista e integrada por ciudadanos independientes, sin afiliación a partidos.
Entre esos puntos se encuentran la declaración de Chile como un «Estado social y democrático de derechos», el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de la «nación chilena» y el sistema bicameral.
Pese al rechazo en el plebiscito de septiembre, existe consenso en la necesidad de sustituir la Constitución actual, instaurada durante la dictadura.
