Las fuerzas policiales y militares en Venezuela aumentaron exponencialmente el nivel de violencia contra la oposición, que ya llevan casi tres meses en la calle exigiendo elecciones y respeto a la Constitución.
Solo en los últimos dos días, se cuentan seis jóvenes asesinados en las protestas, tres de ellos baleados y otros dos atropellados.
Atacados en distintos puntos del país, ninguna de las víctimas tenía más de 26 años. Jonathan Zavatti (25) fue el único que cayó herido el lunes en el populoso barrio de Petare, en Caracas, cuando recibió un tiro en la cabeza por el que agonizó dos días antes de fallecer. Isael Macadán (18) cayó por un balazo en la cabeza y otro en el brazo en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui. Roberto Durán (26) recibió un disparo en el pecho al protestar en el sector La Sucre, de Barquisimeto. Víctor Betancourt (18) y Luis Paz (20) fueron arrollados en los estados Zulia y Sucre, respectivamente. Y Alfredo Figuera (18) falleció anoche horas después de que le habían declarado muerte cerebral tras recibir un impacto de bala en la cabeza en la ciudad de Maracay.
En la misma zona fue herido Jofre Rodríguez, de 17 años, mientras participaba en las protestas opositoras. Según las autoridades se recupera lentamente de un balazo que recibió en la cara. Pese a que todas estas muertes están en fase de investigación, las víctimas cayeron heridas luego de que los cuerpos de seguridad reprimieron las protestas.
Precisamente, para continuar las investigaciones sobre más de 450 casos en los que se presume hubo violación de los derechos fundamentales, la Fiscalía citó al excomandante de la Guardia Nacional (GN), el general Antonio Benavides Torres, en condición de imputado, a un interrogatorio “por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos”.
Benavides fue jefe de la GN hasta el 20 de junio, cuando el presidente Nicolás Maduro lo nombró “jefe de gobierno” del Distrito Capital, un ente creado por el chavismo para “gobernar” Caracas por encima de la Alcaldía Metropolitana.
La Fiscalía aseguró: “Se ha evidenciado el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial (…)”.
Para los cuerpos de seguridad, la represión ahora no se despliega solo contra manifestantes, también con asedio a las zonas donde los opositores hacen barricadas o expresan su descontento. Si se trata de una zona que se consideraba chavista, el castigo es peor. Lo vivieron en la madrugada del jueves los vecinos de la UD3 de Caricuao y en el barrio de La Vega, ubicados en pleno oeste de Caracas, una zona que durante años se consideraba bastión del oficialismo, pero cuyos habitantes se unieron a la protesta llamada ‘trancazo’, convocado por la oposición.
Decenas de videos muestran cómo en Caricuao varias tanquetas arremetieron contra muros y portones de al menos tres edificios, donde dañaron severamente la infraestructura.
Los vecinos denunciaron que funcionarios de la GN disparaban balas de goma y bombas lacrimógenas hacia los apartamentos, aterrorizando a todos.
Los excesos policiales también quedaron de manifiesto en la marcha opositora que intentó –una vez más y sin éxito– llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando fueron detenidos al menos 12 estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, a los que la GN obligó a ingresar a un camión cava con puerta hermética, la cual cerró tras una humareda de gas lacrimógeno.
En la jornada del jueves se denunció la detención en Caracas de al menos 30 estudiantes, también de la Universidad Central y la Universidad Católica.
Mientras tanto, las autoridades siguen buscando al piloto Óscar Pérez, acusado de comandar un ataque terrorista contra la sede del máximo tribunal en Caracas, en medio del misterio y también del escepticismo de muchos respecto al sobrevuelo de este helicóptero sobre la capital.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
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