Los presidentes de seis países miembros de la Unasur exigieron hoy a España, Francia, Italia y Portugal que pidan «disculpas públicas» por denegar el tránsito aéreo al avión oficial del mandatario boliviano, Evo Morales, el pasado martes.
En una reunión de emergencia en la ciudad boliviana de Cochabamba para examinar la crisis abierta con Europa a raíz de este incidente, los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Ecuador, Surinam, Uruguay y Venezuela aprobaron una declaración en la que también reclaman a esos Gobiernos que expliquen esa decisión.
El Gobierno de Bolivia ha denunciado que la decisión de negar el tránsito al avión presidencial se debe a la sospecha de que viajara a bordo el extécnico de la CIA Edward Snowden, reclamado por Estados Unidos, y culpan en último término a ese país de lo sucedido.
«El agravio sufrido por el presidente Morales ofende no solamente al pueblo boliviano sino a todas nuestras naciones», señala el manifiesto, que fue leído por el canciller anfitrión, David Choquehuanca, tras una sesión plenaria abierta en la que intervinieron todas las delegaciones asistentes.
En la declaración se incluye a España entre los países que vetaron expresamente el tránsito aéreo del avión presidencial boliviano, a pesar de que el Gobierno español ha negado que existiera ninguna prohibición en ese sentido.
Los presidentes que viajaron hoy a Bolivia para respaldar a Evo Morales fueron los de Argentina, Cristina Fernández; Ecuador, Rafael Correa; Surinam, Desiré Bouterse; Uruguay, José Mujica, y Venezuela, Nicolás Maduro.
Por Brasil acudió el vicecanciller Eduardo dos Santos y por Perú, Colombia y Chile, sus representantes diplomáticas.
«Denunciamos ante la comunidad internacional la flagrante violación de los tratados internacionales que rigen la convivencia pacífica (…) entre nuestros Estados, que constituye un acto insólito, inamistoso y hostil, configurando un hecho ilícito que afecta a la libertad de tránsito y desplazamiento de un jefe de Estado y su delegación oficial», arranca la declaración.
En ella se denuncian «el atropello y las prácticas neocoloniales que aún subsisten en nuestro planeta en pleno siglo XXI y la falta de transparencia sobre las motivaciones de las decisiones políticas que impidieron el tránsito aéreo» del avión del presidente boliviano.
Condena asimismo «las prácticas internacionales de espionaje que ponen en riesgo los derechos de los ciudadanos y la convivencia amistosa entre naciones».
«El proceso de construcción de la patria grande en el que estamos comprometidos debe consolidarse en pleno respeto a la soberanía e independencia de nuestros pueblos, sin injerencia de los centros hegemónicos mundiales, superando las viejas prácticas en las que se pretende imponer países de primera y de segunda clase», prosigue.
El texto aprobado declara que «la inaceptable restricción a la libertad del presidente Morales, convirtiéndolo virtualmente en un rehén, constituye una violación de derechos no solo al pueblo boliviano sino a todos los países y pueblos de Latinoamérica, que sienta un peligroso precedente en materia de derecho internacional».
Rechaza «las actuaciones claramente violatorias de normas y principios básicos del derecho internacional, como la inviolabilidad de los jefes de Estado» y exige a los Gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España que expliquen su decisión y «presenten las disculpas públicas correspondientes en relación a los graves hechos suscitados».
También respalda la denuncia presentada por Bolivia ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos «por la grave violación de derechos humanos y puesta en peligro concreto de la vida del presidente Evo Morales».
Los jefes de Estado que acudieron a la reunión apoyaron, asimismo, el derecho de Bolivia a «realizar todas las acciones que considere necesarias ante los tribunales e instancias competentes».
Se acordó, igualmente, formar una comisión de seguimiento y encargar a los cancilleres de los seis países firmantes «realizar las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos».
Por último, en el texto se exhorta a todos los presidentes de los Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a «acompañar» la declaración y se convoca «a la ONU y organismos regionales que aún no lo han hecho a pronunciarse sobre este hecho injustificable y arbitrario».
Horas antes de la reunión, durante un acto con organizaciones sociales, Correa había denunciado que algunos presidentes de Unasur intentaron obstaculizar este encuentro en Bolivia, al que inicialmente se quiso dar carácter de cumbre de jefes de Estado de la institución.
La situación vivida por Morales el martes ha desatado una grave crisis entre Europa y Latinoamérica, donde todos los países cerraron filas en torno a Morales y condenaron lo sucedido, la mayoría con dureza.
La Paz, 4 jul (EFE).-
