El gobierno liberal ha presentado una legislación para modificar las disposiciones sobre terrorismo del Código Penal que han impedido que la ayuda humanitaria canadiense llegue a Afganistán.
“El mensaje entregado por los afganos, los grupos de ayuda y los testigos ante el Parlamento es claro”, expresó a los periodistas el ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino.
Propuso enmiendas el jueves por la mañana al Código Penal que prevén una excepción para que los trabajadores humanitarios canadienses lleven a cabo tareas en áreas controladas por terroristas sin ser procesados.
La nueva legislación presentada el jueves permitiría a los trabajadores humanitarios solicitar una exención de cinco años para ayudar a las personas en crisis “en un área geográfica controlada por un grupo terrorista”.
Los grupos humanitarios dicen que hace más de un año, Asuntos Globales de Canadá les advirtió que comprar bienes o contratar locales en Afganistán implicaría pagar impuestos a los talibanes, lo que se clasificaría según la ley como contribución a un grupo terrorista.
El problema paralizó los intentos de los trabajadores humanitarios de llegar al país, ya que incluso las tarifas de uso de carreteras y los impuestos de aterrizaje en aeropuertos beneficiarían a los talibanes.
Después de la toma de Kabul por parte de los talibanes en agosto de 2021, los aliados de Canadá se movieron mucho más rápido para modificar las leyes nacionales y emitir exenciones para garantizar que los trabajadores humanitarios pudieran seguir trabajando en Afganistán.
Ottawa ha ayudado a financiar los esfuerzos de las Naciones Unidas sobre el terreno, pero el sector de ayuda canadiense dice que ha sido insoportable no ser parte de la respuesta a la desnutrición generalizada, un invierno irregularmente frío y la venta de hijas para ayudar a las familias a pagar los bienes básicos.
Los funcionarios federales indicaron durante una sesión informativa técnica que una organización podría solicitar un permiso para cubrir todas sus actividades, en lugar de exigir permisos separados para trabajadores humanitarios individuales. Agregaron que no hay un cronograma sobre cuán pronto se podrían procesar las solicitudes de exención.
Según la ley propuesta, el gabinete otorgaría las exenciones incluso si existe el riesgo de que un grupo terrorista intente incautar bienes o interferir de otra manera, siempre que los beneficios de la actividad superen ese riesgo. La decisión se basaría en una evaluación de la seguridad o en las medidas adoptadas para mitigar el riesgo.
