Desde enero del 2016 el gobierno de Ontario exigirá a las personas que reciben asistencia social practicarse exámenes para saber si consumen drogas o no. El gobierno dice que si los beneficiarios se niegan a tomarse las pruebas, no recibirán su cheque mensual de asistencia.
Si en las pruebas se comprueba que el beneficiario consume drogas, el gobierno de Ontario obligará a la persona a entrar en programas de tratamiento contra el consumo. Si la persona se niega a recibir el tratamiento, la asistencia será suspendida.
Tras conocer las normas que implementara el gobierno provincial para el año nuevo, algunos grupos, han reflejado su inconformismo afirmando que esta legislación viola los derechos humanos básicos.
«Esta norma que pretende implementar el gobierno provincial es una grave invasión de las libertades fundamentales de las personas,» dijo Alan Borovoy presidente de la asociación canadiense de las libertades civiles.
La comisión de derechos humanos de Ontario, envió una carta al gobierno advirtiendo que negar los beneficios sociales a los adictos a las drogas es ilegal. El comisionado de los derechos humanos de la provincial Keith Norton reflejo su inconformismo y afirmó que esta nueva legislación es discriminatoria.
Por su parte un funcionario del ministerio de servicios sociales de Ontario, dijo, que el plan del gobierno no pretende castigar a la gente con problemas de consumo de drogas. «Es difícil conseguir un trabajo y mantener un empleo si eres adicto a las drogas. Estas personas están en necesidad desesperada de ayuda y si podemos ayudar a cambiar su vida entonces tendremos éxito”, afirmó el funcionario.
Funcionarios del gobierno se reunirá, con médicos y expertos de las agencias de adicción y el servicio social para acordar cual será la dinámica a través de la cual estos profesionales de la salud pueden ayudar a las personas a salir de la adicción de las drogas luego que se implemente la legislación.
Actualmente, 460.000 personas reciben asistencia social en Ontario.
