El relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, exhortó este jueves al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a que deje de «socavar» la autoridad judicial y a no utilizar a los tribunales como «arma política».
«El poder Ejecutivo debe respetar la independencia del poder judicial y abstenerse de socavar su autoridad», dijo García-Sayán en un comunicado difundido por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
El experto intervino así en el conflicto que mantiene el Gobierno de Bukele con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), especialmente con la Sala de lo Constitucional, a raíz de decisiones judiciales.
«Las decisiones judiciales deben ser acatadas, no interpretadas por otros poderes del Gobierno» y «los tribunales tampoco deben desacreditarse a los ojos del público utilizándolos como un arma para atacar a los miembros de los partidos políticos de la oposición», añadió.
Una de las últimas confrontaciones del mandatario con los magistrados constitucionales se dio el pasado 12 de octubre, cuando los llamó «corruptos» a través de su cuenta de Twitter.
«Es una lástima para nuestro país que tengamos a los magistrados corruptos y vendidos de la Sala de lo Constitucional», publicó el mandatario.
Esto fue en reacción a tres resoluciones emitidas por los jueces constitucionales relacionados con una denuncia por una supuestas evasión de impuestos contra una empresa, el retraso en el pago de salarios de los empleados de la Asamblea Legislativa y las diligencias para acceder a archivos militares como parte del proceso penal por la masacre de El Mozote (1981).
En otra ocasión, el mandatario aseguró que de ser un dictador, como algunos sectores de la oposición lo han catalogado, «los hubiera fusilado a todos o algo así» para «salvar mil vidas a cambio de cinco», en referencia los jueces de a referida sala.
García-Sayán también señaló el papel que Bukele pudo desempeñar en el inicio de un proceso penal contra el expresidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña Sigfrido Reyes mediante sus publicaciones en redes sociales.
«Estos procedimientos judiciales no tienen ningún fundamento jurídico; parecen formar parte de una estrategia sistemática de persecución de los opositores políticos a través de investigaciones y causas penales que tienen por objeto intimidar, desacreditar y aniquilar políticamente a los partidos políticos de la oposición y sus dirigentes», añadió el experto.
Reyes, quien se encuentra en México, es procesado en El Salvador por los delitos de lavado de dinero y activos, peculado, estafa agravada e incumplimientos de deberes.
El exlíder del Congreso, guerrillero durante la guerra civil (1980-1992) y miembro del Partido Comunista Salvadoreño, que junto a otras organizaciones insurgentes formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue diputado entre 2006 y 2015.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), Reyes y un grupo de personas cercanas a él lavaron 6,5 millones de dólares entre 2006 y 2009 mediante tres sociedad, de los que 781.000 dólares supuestamente se dieron en la compra irregular de terrenos del estatal Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
De acuerdo con el experto de la ONU, Reyes es procesado a pesar de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema «informó que no había pruebas de enriquecimiento ilícito».
La causa penal derivo de un proceso civil ordenado por el Supremo en julio de 2019.
«No debe haber ninguna interferencia inapropiada o injustificada en el proceso judicial, y las autoridades nacionales deben respetar y acatar las decisiones del Tribunal Supremo», apuntó.
