El gobernador de Puerto Rico declaró el estado de emergencia para combatir el empeoramiento de la erosión costera en todo el territorio estadounidense que las autoridades atribuyen al cambio climático.
El gobierno está reservando US$105 millones en fondos federales para implementar casi dos docenas de medidas para compensar la pérdida continua de tierras y minimizar sus efectos. Las medidas incluyen la reubicación de viviendas, la creación de arrecifes artificiales, la plantación de manglares y la adición de arena a las playas.
Puerto Rico tiene casi 700 millas (1200 kilómetros) de costa, y dos tercios de los 3,2 millones de habitantes de la isla viven en las zonas costeras. De esa población, más del 20% vive en áreas con alto riesgo de inundación.
Un estudio de la Universidad de Puerto Rico encontró que más de 60 millas (99 kilómetros) de costa han migrado tierra adentro en años anteriores. Gran parte de la erosión se atribuye a las tormentas, incluido el huracán María, una tormenta de categoría 4 que azotó la isla en septiembre de 2017, y los expertos advierten que las futuras tormentas serán más poderosas y ocurrirán con más frecuencia.
Para julio de 2018, se identificó erosión en el 40% de las playas de Puerto Rico y acreción, que es la acumulación de arena, se encontró en el 60% de las playas, según el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico.
Las medidas anunciadas el martes se implementarán en los municipios más afectados, incluidos Rincón, Cabo Rojo, Isabela y la vecina isla hermana de Vieques, todos extremadamente populares entre los turistas.
También se ordenó al Departamento de Recursos Naturales de la isla que creara un nuevo protocolo para hacer frente a la erosión costera y actualizar su plan de gestión de la zona costera.
Otras medidas incluyen la creación de un comité encargado de luchar contra la erosión costera, la demolición de estructuras costeras abandonadas y la demarcación de bienes de dominio público en la zona marítimo-terrestre.
El anuncio se produce cuando los puertorriqueños denuncian un aumento de las estructuras costeras ilegales, algunas de las cuales los jueces ordenaron demoler.
