El juez que preside el caso civil de fraude contra el expresidente Donald Trump, su empresa y varios de sus hijos y socios en Nueva York dijo que tomará una decisión sobre un posible juicio sumario parcial el próximo martes.
El magistrado Arthur Engoron se pronunció así al inicio de una vista para abordar una moción de la Fiscalía del estado de Nueva York, que argumenta que tiene pruebas “indiscutibles” para considerar responsable de uno de los principales delitos de los que se acusa a Trump sin necesidad de juicio.
La defensa de Trump ha solicitado por su parte que se desestime esa moción de la Fiscalía y se desestimen todos los cargos contra su cliente y, en paralelo, ha denunciado al juez por presunto abuso de autoridad en los contenidos del caso, lo que está siendo revisado por un panel de apelaciones.
El juicio civil, que sería el primero de una larga lista que enfrenta Trump, está programado para el 2 de octubre, pero ha sido pausado temporalmente mientras ese panel de apelaciones evalúa esa denuncia contra Engoron.
La Fiscalía de Nueva York, encabezada por Letitia James, emprendió esta acción legal a finales de 2022 acusando a Trump, su empresa (la Organización Trump), sus hijos mayores Donald Jr. y Eric y varios socios de inflar sus activos -hasta en 2.200 millones de dólares en un solo año- para obtener ventajas en fiscalidad y préstamos.
La fiscal reclama a los acusados que paguen una multa de 250 millones de dólares en beneficios financieros y también que se restrinja su capacidad para realizar negocios en Nueva York, lo que supondría un fuerte golpe a sus ingresos.
¿»Prácticas engañosas» o autoridades «incultas»?
En la audiencia de hoy, en la Corte Suprema de Nueva York, asistieron los abogados de ambas partes, sin presencia de Trump ni de la fiscal James, y presentaron sus respectivos argumentos a lo largo de horas, dando forma a los contenidos del potencial juicio.
El fiscal adjunto, Andrew Amer, indicó que el objetivo es que el juez emita un veredicto sumario a su favor en el principal delito del caso, fraude «persistente y repetido» contra todos los acusados, y se celebre un proceso «simplificado» para los otros seis delitos del caso.
Apoyó sus argumentos en documentos financieros que ha entregado la Fiscalía al tribunal y que contraponen el valor de los activos presentado por la Organización Trump -por ejemplo para la mansión de Mar-a-Lago- y el valor tasado o de mercado, que año tras año arrojaban excesos de cientos de millones de dólares.
Los acusados -dijo el juez- usaron «prácticas engañosas» que buscaban condiciones favorables también haciendo unas valoraciones inferiores a lo tasado en otros activos como campos de golf.
El juez Engoron, que hizo numerosas preguntas concretas sobre las acusaciones durante la jornada, quiso que quedara constancia, según los hallazgos de la Fiscalía, de que la empresa de Trump tenía conocimiento de las tasaciones y eligió no divulgarlas, confirmó el fiscal.
Por su parte, los abogados de Trump partieron de la premisa de que la Fiscalía «no tiene un caso» y señalaron que las tasaciones de activos que no se utilizan no tienen por qué ser divulgadas, que las valoraciones son muy «subjetivas» y que el magnate veía «valor donde otros no lo veían».
Ante esos argumentos, el juez se plantó y declaró enfadado que «no se puede hacer falsas declaraciones (de condición financiera, en referencia a los documentos que se están revisando) y utilizarlas en los negocios», y destacó que está «prohibido» y precisamente esa es la acusación de las autoridades.
En general, el abogado de Trump, Christopher Kise, resumió la defensa en que el expresidente es un experto en el sector inmobiliario y las inversiones, mientras que las autoridades son «incultas» y «voluntariamente ciegas» en ese sentido.
