El presidente peruano, Pedro Castillo, aseguró este martes que no va a pedir asilo o a abandonar su país, horas después de que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentara en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por corrupción.
«Yo no voy a salir del país y, como siempre hemos dicho, nos sometemos a todo tipo de investigación, lo han hecho en el entorno de la familia, lo están haciendo al entorno ministerial porque sabemos que no hay ningún fundamento real», dijo en una rueda de prensa con corresponsales internacionales al ser preguntado directamente acerca de si pensaba pedir asilo a otro país.
Castillo aseguró que «algunos jueces se han politizado de sobremanera», aunque reiteró que no le tiene «temor a nadie».
«Estas acusaciones que se vienen haciendo son orquestadas, son planificadas y vamos a seguir dando batalla», sostuvo sobre las investigaciones preliminares que tiene abiertas la Fiscalía en su contra por supuestamente liderar una presunta organización criminal en el Ejecutivo.
El mandatario, quien poco antes había asegurado que en Perú «se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado», insistió en la necesidad de que «primero se prueben todas las acusaciones».
«Todas las vinculaciones que se nos hacen las tienen que probar primero», reiteró.
El jefe de Estado hizo estas declaraciones horas después de que el Ministerio Público anunciara que la fiscal Benavides presentó en el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo por liderar una supuesta organización criminal en el Ejecutivo, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión (fraude).
En la mañana, la Fiscalía, con el apoyo de un equipo especial de la policía, también allanó las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular (AP), presuntamente vinculados a casos de corrupción, así como la vivienda de la hermana del presidente.
Tras conocerse la presentación de la denuncia constitucional contra Castillo, Benavides ofreció un pronunciamiento en el que aseguró que, en estas diligencias, se encontraron «graves y reveladores indicios de una supuesta organización criminal en el Gobierno» y denunció la existencia de una «constante y feroz obstrucción a la Justicia» por parte de sus integrantes.
