El Tribunal Constitucional de Perú aprobó el lunes una solicitud de habeas corpus para liberar a la líder opositora Keiko Fujimori.
El presidente del Tribunal, Ernesto Blume, anunció que el recurso legal presentado por Sachi Fujimori, hermana de la política encarcelada, fue declarado “fundado” con cuatro votos a favor y tres en contra. Se espera que Keiko salga del penal en los próximos días cinco meses antes de que se cumpla el plazo máximo de la medida luego de que concrete una serie de formalidades legales.
El habeas corpus es un derecho que tienen los detenidos o reos a ser presentados de inmediato y públicamente ante un juez o tribunal para que, escuchándolos, resuelva si su arresto se ajustó o no a la ley, y si la medida de encarcelamiento debe levantarse o ratificarse.
Fujimori, de 42 años, había estado encarcelada de manera preventiva desde octubre de 2018 mientras era investigada por presunto lavado de activos. De acuerdo a la Fiscalía, recibió dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las cuales resultó derrotada.
Su detención marcó el declive de una líder considerada la mujer más poderosa del país y que en ese momento dirigía un Parlamento contrario al gobierno.
Según se esperaba, sus partidarios aplaudieron el fallo, mientras que sus detractores lo criticaron. De todas formas la investigación continuará.
En la noche, cientos de manifestantes salieron a las calles del centro de Lima para protestar contra la liberación de Keiko. A través de las redes sociales, las personas, jóvenes en su mayoría, se coordinaron para mostrar que no estaban satisfechas con la decisión.
La marcha, que no estaba autorizada, trató de avanzar a la sede del Tribunal Constitucional, pero agentes de la Policía Nacional la enfrentaron con golpes y empujones. Algunos manifestantes arrojaron piedras y botellas, y la policía usó sus escudos para repeler el ataque.
“Hoy el Tribunal Constitucional ha dado un golpe a la justicia al liberar a Keiko Fujimori. No permitamos que nos roben la justicia, es hora de que salgamos masivamente a las calles a protestar”, se afirmó en la convocatoria de la marcha a través de las redes sociales.
Horas antes, Blume aclaró que la decisión de liberar a la líder del partido Fuerza Popular no juzga el tema de fondo en el caso, y resaltó que el Tribunal Constitucional “no ha declarado su absolución ni la ha condenado; eso es responsabilidad del Poder Judicial exclusiva”.
El presidente Martín Vizcarra disolvió la cámara baja en septiembre, argumentando que para ello utilizó el poder que le otorga la Constitución. El recinto legislativo acarreaba enorme desprestigio por presuntamente proteger a funcionarios investigados por corrupción.
El esposo de Keiko que el 13 de noviembre inició una huelga de hambre fuera de la cárcel en demanda de un proceso imparcial rompió en llanto y se abrazó con varios seguidores de su mujer cuando fue informado de la decisión del tribunal.
“Tengo problemas de riñones”, aseguró Mark Villanella, quien dijo tener otras dolencias, “pero creo que era necesario tomar una medida tan drástica para protestar contra tantos abusos contra Keiko Fujimori”.
Villanella ha acusado al fiscal que lidera el caso de maniobrar para enviar a prisión a su esposa.
El hombre de nacionalidad estadounidense, que necesitó ayuda para ponerse de pie, sostiene que el fiscal le tendió a su esposa “una emboscada para hacer una detención ilegal”.
La decisión del Tribunal Constitucional se efectuó horas después que Keiko invocara su derecho a guardar silencio durante un interrogatorio que forma parte de la investigación en su contra.
Fujimori manifestó su deseo de no hablar “en atención a que son constantes las afectaciones al debido proceso” que se sigue en su contra, dijo la abogada de la opositora, Giulliana Loza.
Loza destacó que por años su cliente ha colaborado y seguirá colaborando con la justicia peruana, pero “siempre exigiendo el respeto al debido proceso”. La abogada acotó que durante el proceso judicial por el caso Odebrecht se ha registrado “una sistemática filtración de documentación reservada, incluso secreta”, lo cual no garantiza los derechos de Fujimori.
Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez declaró a la prensa que Fujimori hizo uso de un derecho que le reconoce el Código Procesal Penal, resaltando que su posición no puede ser considerada un intento de obstruir la justicia y por ello no acarrea sanción alguna.
Simplemente “se dio por concluida la diligencia y se ha levantado el acta correspondiente en la que ha manifestado hacer uso de su derecho a guardar silencio”, agregó.
El padre de Keiko, Alberto Fujimori, cumple una condena de 25 años de cárcel por su responsabilidad en los asesinatos de 25 peruanos a manos de un grupo clandestino de militares durante los primeros años de su gobierno, entre 1991 y 1992, cuando Perú sufría los atentados del grupo terrorista Sendero Luminoso.
