Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay (CSJ) pidieron redoblar la protección de los funcionarios judiciales a cargo de investigar casos de crimen organizado y narcotráfico en el país.
«No es presupuesto lo que pedimos, sí una mayor cobertura policial porque tenemos muchos magistrados que llevan casos muy importantes, y con el riesgo correspondiente», declaró el magistrado Eugenio Jiménez Rolón a la cadena ABC Cardinal.
El magistrado se pronunció después de que el pasado 10 de mayo el fiscal antimafia Marcelo Pecci fuera asesinado en Colombia durante su luna de miel, en un hecho que, según las autoridades, puede estar está vinculado con la labor del funcionario del Ministerio Público.
Por su parte, la también magistrada de la CSJ Carolina Llanes señaló que el asesinato de Pecci «es una advertencia seria que debe ser tomada con responsabilidad y prioridad».
«La seguridad debe rodearlos para cumplir con efectividad sus funciones», sostuvo Llanes a la emisora de radio Monumental, al referirse a los funcionarios judiciales.
Consultado al respecto, el comandante de la Policía Nacional de Paraguay, comisario Gilberto Fleitas, anticipó que «la seguridad física de las autoridades que tienen causas emblemáticas va a ser prioridad».
Según el jefe policial, el 8 % de los casi 9.000 efectivos de su institución está destinado a resguardar instituciones públicas o autoridades.
Los paraguayos dieron este domingo el último adiós a Pecci, cuyos restos fueron inhumanos en el cementerio La Recoleta de Asunción, un día después de que llegaran al país procedente de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
El fiscal, que a sus 45 años se había convertido en uno de los más prestigiosos del país, fue atacado a tiros por desconocidos en una playa privada de la isla de Barú, a donde había viajado junto a su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera.
