La situación de protestas en Perú, que ha dejado desde el pasado 7 de diciembre más de 50 personas fallecidas, escaló a un punto más grave este sábado con la intervención de parte de las autoridades policíales de universidades en Lima.
El hecho se produjo más especificamente en el campus de la Universidad Nacional Mayor San Marcos (UNMSM) de la capital peruana para desalojar a manifestantes que estaban acampados en el centro de estudios. Fueron detenidas más de 200 personas.
El suceso produjo la respuesta del presidente colombiano Gustavo Petro, que a través de su cuenta de Twitter pidicó a la Organización de Estados Americanos «examinar» la situación.
«Allanar universidades. Gritar !Muera la inteligencia! El Consejo permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú», trinó el mandatario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se manifestó sobre el hecho, expresanso «preocupación» sobre la incursión policial, el desalojo y las detenciones masivas ocurridas en la mencionada universidad.
El organismo señaló que «exhorta con urgencia al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas». «Los Estados deben abstenerse de incurrir en detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas en contextos de protesta social», agregó.
El fiscal superior provisional y coordinador Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito, Alfonso Barnechea, señaló este sábado que el Ministerio Público había recibido denuncias por parte de esa universidad sobre agresiones y robos a las fuerzas del orden perpetrados por manifestantes que acampaban en el campus.
En el campus cientos de manifestantes llegados de todo el país acampaban desde el miércoles para participar en las marchas antigubernamentales en la capital.
La crisis en Perú arrancó el pasado 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, quien fue arrestado tras intentar disolver el Congreso, formar un Gobierno de excepción y abrir un proceso constituyente.
Las protestas contra el nuevo Ejecutivo de Dina Boluarte han dejado desde diciembre pasado 45 manifestantes y un policía muertos, mientras que otras 14 personas, entre ellas un bebé nonato y cuatro haitianos, han fallecido por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras.
