El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró que el Clan del Golfo, la organización criminal más grande del país, rompió un cese al fuego y no hay posibilidad de negociaciones con el grupo si continúan los ataques.
El alto el fuego con el Clan -también conocido como Autodefensas Gaitanistas (AGC)- fue parte de los esfuerzos para poner fin a la participación del grupo en el conflicto interno de Colombia, que ha causado la muerte de al menos 450.000 personas.
En una entrevista radial, Petro acusó al grupo de destruir un acueducto municipal en la provincia de Antioquia en medio de bloqueos de carreteras relacionados con protestas de mineros de oro informales.
Los bloqueos de carreteras han afectado a unas 300.000 personas en 12 municipios de dos provincias, lo que ha provocado escasez de combustible, alimentos y medicamentos. La policía levantó la mayoría de los bloqueos de carreteras la semana pasada.
En una entrevista de radio, Petro enfatizó que «obviamente no había posibilidad de negociación» con el grupo si no eran capaces de dejar de lado los intereses comerciales ilegales.
El grupo no respondió de inmediato a las declaraciones de Petro.
La minera de oro Mineros SA suspendió sus operaciones en la región hasta que pueda garantizar la seguridad, informó en un comunicado.
El gobierno de Petro ha pedido al Congreso que apruebe una ley que apruebe la entrega de las pandillas, incluida la reducción de las penas de prisión, a cambio de detener las operaciones y pagar reparaciones a las víctimas.
Mientras tanto, continúan las protestas de los mineros, con ataques a instalaciones médicas, destrucción de propiedades y bloqueos de carreteras, con el apoyo del Clan del Golfo, según militares, policías y gobierno.
Las protestas se intensificaron después de que el ejército intensificó las operaciones y los soldados destruyeron 13 excavadoras en la última quincena, con el objetivo de reprimir la minería de oro ilegal e informal.
