Lima, 1 oct (EFE).- Los conflictos sociales en Perú han dejado 131 muertos desde 2006 hasta la actualidad, indicó hoy el investigador de la ONG Oxfam Miguel Lévano a partir de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Según el reporte, durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) fallecieron 80 personas en conflictos sociales, mientras que las otras 51 se registraron desde el inicio del actual mandato de Ollanta Humala, quien asumió el poder en 2011.
Los cuatro últimos fallecidos se registraron esta semana durante las protestas antimineras en la provincia de Cotabambas, en la región andina de Apurímac, contra el proyecto minero Las Bambas, propiedad de un consorcio liderado por la empresa china-australiana MMG, que será la segunda mina de cobre más grande del mundo.
Lévano participó hoy en una rueda de prensa previa al foro «Aporte al diálogo y consenso en zonas mineras», organizado por las ONG Oxfam y CooperAcción en Lima para analizar las experiencias de diálogo entre el Estado, las mineras y las comunidades locales en los últimos proyectos mineros acometidos en tres provincias andinas.
También participó el directivo de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave, el vicepresidente de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar y Paruro, Pablo Zambrano, y la subsecretaria de la Federación Provincial de las Mujeres Kana de Espinar, Elsa Merma.
De Echave indicó que «Perú se ha convertido en un país donde la gran mayoría de conflictos están relacionados con la minería» y destacó que su número aumentó a partir del aumento de los precios de los metales, que sucedió entre 2007 y 2009.
«Durante la década anterior, la media mensual de conflictos en Perú estaba por debajo del centenar, pero durante el ‘boom’ de las materias primas alcanzó un pico de 272, luego se estabilizó por encima de los 200 durante el mandato de Humala», comentó De Echave.
«Nuestra impresión es que seguiremos viviendo en un país con una alta conflictividad social. Esa tendencia continuará si no hacemos un esfuerzo para entender lo que está pasando. Recuperar la credibilidad del Estado es un saldo y una tarea todavía pendiente», añadió.
Las ONG propusieron una agenda a ser tenida en cuenta por los candidatos a la elección presidencial que se celebrará en 2016 con le meta de evitar que el 60 % de las mesas de diálogo para solucionar conflictos sociales se desarrollen una vez que ha sucedido una situación de violencia.
Entre las propuestas destaca la instauración de un Sistema Nacional de Diálogo articulado, donde estén involucrados el gobierno central, regional y local, con una alianza de actores sociales como la Defensoría del Pueblo, colegios profesionales y universidades.
