Hoy se elevó a 85 el número de muertos por la masacre sectaria que ayer golpeó a la minoría chií de Pakistán en la ciudad occidental de Quetta, donde hace un mes hubo otra matanza similar que costó la vida a 90 personas.
En un atentado casi calcado al del pasado enero, un suicida del grupo integrista sunita Lashkar-e Jangvi detonó ayer una tonelada de explosivos cargados en un camión cisterna aparcado en un barrio con mayoría chií de la capital de la convulsa provincia de Baluchistán.
La enorme explosión, que provocó el derrumbe de un edificio en el que había viviendas, un comercio y una academia de inglés, causó la muerte de decenas de personas y heridas a cerca de dos centenares, casi todos miembros de esa confesión religiosa minoritaria.
«Es vergonzoso, nada ha cambiado desde la matanza de enero», denunció a Efe la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Zohra Yusuf, quien afirmó que lo sucedido «no es un problema de los chiíes, sino como una amenaza para todo el país».
Con alrededor de 40 millones de chiíes, Pakistán es el segundo país con más miembros de esta rama del islam en el mundo, solo por detrás de Irán.
Tras la masacre del pasado diez de enero se produjeron fuertes protestas de la minoría chií, que lograron en Baluchistán forzar la anulación de poderes del Gobierno regional y el traspaso de poderes al gobernador, figura que depende directamente de Islamabad.
La sentada protagonizada por miles de personas en Quetta junto a los cadáveres de la masacre obligó entonces al primer ministro, Rajá Pervez Ashraf, a tomar cartas en el asunto y anunció el inicio de operaciones de seguridad para capturar a los terroristas.
Sin embargo, tras el atentado de ayer, incluso el gobernador que asumió el control de la provincia, Zulfiqar Magsi, se reconoció en declaraciones al diario Dawn impotente para frenar a los violentos: «Hay caos por todas partes y el estado no parece ser efectivo».
La comunidad chií de Quetta ha anunciado una huelga general de tres días y ha instado a las autoridades a actuar de inmediato contra los responsables de las matanzas sectarias.
Un portavoz del Partido Democrático Hazara -uno de las formaciones de representación de la minoría chií-, Qadir Alí, dijo a Efe que se ha dado al Gobierno «un ultimátum de 48 horas para que empiece a detener a los culpables».
«Si no se toman en serio nuestras demandas, empezaremos las protestas ante el Tribunal Superior de Baluchistán y ante las oficinas de Naciones Unidas», amenazó Qadri.
«Las fuerzas de seguridad han fracasado. Los terroristas están en Quetta», añadió un exsenador y miembro destacado de la comunidad chií, Fasieh Iqbal, quien desveló que hoy se reúnen responsables del aparato oficial de seguridad para decidir qué medidas toman.
Aunque durante 2012 se constató una reducción del número de ataques terroristas en el país -tendencia rota en los últimos tres meses-, la violencia sectaria contra la minoría chií registró un importante aumento, en especial en la provincia de Baluchistán.
Según con un informe de reciente publicación, elaborado por el Instituto Paquistaní de Estudios para la Paz, 537 personas murieron durante el año pasado en ataques contra minorías religiosas.
En lo que va de 2013 ya han muerto cerca de dos centenares de chiíes en atentados y ataques de grupos integristas sunitas ante la impotencia, e incluso la pasividad, de las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con analistas, activistas de derechos humanos y miembros de la comunidad chií, el Estado se ha servido de esos grupos radicales en Baluchistán para combatir a facciones armadas nacionalistas sin importarle que los chiíes estén pagando el precio.
Pau Miranda
(EFE).-
