Cientos de miembros de organizaciones de trabajadores salvadoreños llamaron este martes a los diputados que resulten electos en las elecciones del 28 de febrero a retomar su propuesta de nacionalizar las pensiones ante los pagos de «miseria» que reciben de las administradoras privadas.
Los manifestantes, aglomerados principalmente en el «Movimiento No Más AFP», se concentraron afuera de la Asamblea Legislativa y también dedicaron críticas a los diputados de la oposición.
Roswal Solórzano, representante del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (Sittoj), dijo que los actuales legisladores aprobaron una «pírrica» reforma y que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) siguen entregando «pensiones de miseria» a los jubilados.
Dijo, en declaraciones a Efe, que en las elecciones no entregarán un «cheque en blanco» a los nuevos diputados y al Gobierno, a pesar de que su sindicato, junto al del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), se ha mostrado cercano al Ejecutivo.
«Nosotros hemos presentado (la iniciativa) de la creación del Sistema Nacional de Previsión y Seguridad Social, (…) lo que lleva a nacionalizar el sistema de pensiones», sostuvo.
En septiembre de 2017, el Congreso de El Salvador modificó el sistema de pensiones e incrementó la cotización de los trabajadores en dos puntos porcentuales del salario, con lo que pasó del 13 % al 15 %.
Diferente sectores señalan que este aumento en la cotización no se traduce en un incremento en la pensión de los trabajadores, dado que es utilizado para pagar la deuda estatal con las privadas AFP de 5.700 millones de dólares.
También sirve para la cancelación de las pensiones de los jubilados en el sistema público abandonado en 1998 y los primeros del actual, que ascienden a más de 160.000 personas, y cuya pensión estaba a cargo del Gobierno.
En abril de 2017, el Gobierno cayó en el impago de la deuda con las AFP por la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición de ese momento para emitir bonos en el Congreso y saldar el pago, por lo que tuvo posteriormente que recortar 56 millones del presupuesto estatal.
El impago desencadenó una caída en la imagen financiera del país con la baja de la clasificación de riesgo soberano por las principales agencias calificadoras del mundo.
