El juez penal de primera instancia Víctor Cruz ha girado este martes una orden de captura en contra de la ex fiscal general guatemalteca Thelma Aldana, acusada de la contratación anómala del abogado Gustavo Bonilla para impartir jornadas de capacitación al personal de la institución mientras la ahora aspirante presidencial estaba al mando de la institución. Bonilla, de acuerdo con la denuncia, era magistrado de la Corte Suprema de Justicia durante ese periodo.
“Es una reacción totalmente manipulada, que solo se explica por el pavor que los corruptos que han secuestrado al Estado sienten por mi candidatura. Ante ello, generaron este movimiento que solo busca confundir. Es pura manipulación”, dice a EL PAÍS la propia candidata para las elecciones presidenciales del próximo 16 de junio, en declaraciones telefónicas desde El Salvador, donde atiene un compromiso previo. “Esto demuestra cómo en Guatemala se utilizan las instituciones para impedir mi participación política, pero no lo lograron”, enfatiza Aldana al confirmar que antes de ese movimiento judicial ya había quedado formalmente inscrita como aspirante al cargo de jefe de Estado y de Gobierno guatemalteco.
En esta apreciación coincide el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Edgar Celada. “Hay muchas evidencias de que hay una intención clara, tanto del Gobierno como de la otra candidata —en alusión indirecta a Sandra Torres, cercana al presidente Jimmy Morales (derecha populista)—, de impedir la participación de la señora Aldana. Tienen temor de que ella gane, algo que no es democrático”, comenta. La candidata, sin embargo, al haber quedado registrada como aspirante presidencial antes de que se girase la orden de arresto, está amparada por inmunidad: “El mismo día de su inscripción se giró la orden de captura, por lo que, al quedar formalmente inscrita, está protegida de ser objeto de persecución con fines políticos velados. Esto tiene una lectura: hubo una filtración del Tribunal Electoral hacia el Juzgado, la Policía y el Gobierno y giraron precipitadamente la orden de captura, pero llegaron tarde”, agrega Celada. “Es un error político mayúsculo en la medida que, al victimizarla, solo aumentan el respaldo ciudadano hacia su persona” y cierra con una advertencia: “están desprestigiando el proceso electoral. Así, gane quien gane, surgirá un poder ejecutivo muy débil, lo que garantiza que la crisis política continuará”.
Hellen Mack, presidenta de la fundación Mirna Mack, abunda en la percepción de que es una jugada del llamado «pacto de corruptos», que busca otorgar inmunidad al Gobierno de Morales. «Es evidente de que esto estaba calculado para evitar la candidatura de Aldana. La alianza criminal quiere impedir a toda costa el triunfo de cualquier persona que no sea de su cuerda». Mack recuerda, asimismo, que el proceso electoral en marcha se ha caracterizado por la incertidumbre para desprestigiarlo y así perpetuarse en el poder.
Si algo ha caracterizado el actual proceso electoral, cuyo banderazo de salida se dio este lunes, es la incertidumbre. Para empezar, el número de candidatos a la presidencia es inédito. Al momento de cerrarse la inscripción de los aspirantes, 21 de ellos completaron todas las formalidades, aunque cuatro de ellos enfrentan problemas. Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) –a quien las encuestas dan como favorita pero que también muestra el mayor índice de rechazo– fue señalada por la Fiscalía y la Comisión anticorrupción de la ONU, por financiamiento electoral ilícito. El Supremo rechazó la denuncia sin leer el expediente, algo que enmendó el Constitucional y se encuentra ahora en estudio.
Otra, cuya candidatura fue denegada por prohibición constitucional explícita, es la candidatura de Zury Ríos, la hija del dictador Ríos Montt, quien llegó al poder tras derrocar al también general Romeo Lucas García, en marzo de 1982. Zury, del partido Valor, ha ignorado al Tribunal Supremo Electoral y continúa su campaña proselitista, mientras sus abogados buscan revertir la disposición.
Un tercer aspirante con trabas legales es Mauricio Radford, del partido Fuerza, a quien el Registro Electoral le negó la inscripción después de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) lo señalara de estar ligado a proceso por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad mientras estuvo al frente del Registro Nacional de Personas, entidad encargada del registro único de personas naturales, su estado civil y extender los documentos de identidad, entre otras funciones.
A ellos se suma Thelma Aldana contra quien existen 18 denuncias penales, elevadas, en su mayoría por políticos de la oposición y por la supuesta compra, sobrevalorada, de un edificio para la sede de la Fiscalía. Aldana y sus asesores han ido desmontando cada uno de los señalamientos.
Lo que esta “judicialización” de la política provoca, en primera instancia, en opinión del periodista y sociólogo Gustavo Berganza, es crear una gran incertidumbre. “Ocurrirá, como ha sucedido en los últimos procesos: el guatemalteco vota, pero no elige. A esto se suma que los candidatos cuestionados son quienes están en lo alto de la preferencia de voto. Si les cierran el camino, queda gente que no responde a la preferencia del votante. Se le quita, así, legitimidad al proceso”. Como consecuencia de esto, apunta, a menos de 90 días de la elección, se tiene un 36, 37% de gente que no sabe por quién votar y un 9% de gente que asegura que no votará. “Este es el panorama”, concluye.
