La venta de armas del Gobierno de EE.UU. a su homólogo de México, sumado a una falta de control sobre su posterior uso y fin, repercute en un aumento de las violaciones a derechos humanos y homicidios en el país latinoamericano, según la ONG American Friends Service Committee (AFSC).
«Estados Unidos está vendiendo miles de millones de armas» a México, «son ventas de Gobierno a Gobierno. (…) Estados Unidos no debe de estar armando un Gobierno que tiene tanto violaciones como infiltración del crimen organizado», dijo a Efe el coordinador de Paz de la organización, John Lindsay-Poland.
Tras una visita al país de 15 días, esta ONG que trabaja temas de migración, derechos humanos y política públicas comprobó sobre el terreno la relación que hay entre la ayuda militar y la compra de armas desde Estados Unidos a México y el aumento del crimen.
Desde 2006, cuando arrancó la llamada guerra contra las drogas en el mandato del presidente Felipe Calderón (2006-2012), se ha establecido una relación proporcional entre el número de muertos y el comercio de armas.
Entre 2009 y 2010 el volumen de negocio total -público y privado- ascendió a los 1.200 millones de dólares, y en el siguiente bienio los muertos superaron los 25.000.
«Las empresas (de EE.UU.) sacan beneficio (de las armas), pero es parte de la política formal de Estados Unidos», agregó el especialista.
Además, Lindsay-Poland recordó que no solo se venden armas de fuego individuales, sino también instrumentos de defensa «mucho más poderosos» y peligrosos, como helicópteros.
«Estos también son parte de una guerra que Estados Unidos está armando», recalcó.
Casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014 son una prueba de la corrupción de ciertas fuerzas de seguridad en el país, y de cómo las armas, en malas manos, son doblemente peligrosas.
La misión visitó la escuela para maestros de Ayotzinapa y varios puntos del estado de Guerrero, donde comprobaron que hay «poca transparencia» sobre el fin de las armas y «el equipo vendido por la cooperación militar de Estados Unidos».
«Pudimos ver, por ejemplo, que los policías municipales de Iguala -acusados del tiroteo y la desaparición de los jóvenes- tenían en su armamento armas de Colt’s (EE.UU)», agregó el representante de la ONG.
Junto a esta venta de armas, viene además un «mensaje político»: el comercio va de la mano de una «cooperación íntima» con el vecino del norte.
La coordinadora de Impacto de Políticas de AFSC, Kathryn Johnson, dio más detalles sobre esta indirecta complicidad de EE.UU. con la violencia en el país.
El grupo se reunió con varios responsables de la embajada de Estados Unidos en México, y estos les comentaron que revisan toda la cooperación militar que ofrecerán al Gobierno mexicano.
No obstante, rechazan por completo «la idea de que deben monitorear el impacto, especialmente en derechos humanos, de cualquier asistencia de Estados Unidos a México».
Esto se traslada a muchos escenarios. Por ejemplo, Estados Unidos ofrece mediante un programa entrenamiento a 3.500 policías, pero no cercioran que la aplicación de este aprendizaje sea el adecuado.
«Nos dijeron que no tenían la capacidad de investigar todas las unidades que están entrenando», apuntó Johnson.
Según ambos especialistas, para los gobernantes de Estados Unidos es «muy difícil aceptar» que la asistencia de su país puede tener efectos perjudiciales.
Y en un país como México, donde falta «voluntad política para depurar fuerzas militares y policiales», la asistencia estadounidense puede tener «un impacto negativo e inaceptable», zanjó Lindsay-Poland.
Según cifras oficiales, el país acumula más de 150.000 muertos y 27.000 desaparecidos en la última década.
Recientemente, la ONG Open Society Justice Initiative presentó un informe en el que exhorta al Estado mexicano a reconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país perpetrados por las Fuerzas del Estado y a luchar contra la «obstrucción política» y la impunidad.
México, 27 jun (EFE).-
