Oscar Tobar, presidente de una organización de víctimas de la masacre de El Mozote (1981) en El Salvador, criticó este miércoles la «doble moral» del presidente Nayib Bukele, luego de que el Ejército bloqueara otra vez la inspección de archivos militares sobre el proceso.
Tobar manifestó en declaraciones su «indignación» por la «doble moral que tiene el presidente», dado que «han estado diciendo que van a entregar archivos, pero no han entregado nada».
«Para nosotros como víctimas es algo que no tiene valor lo que está diciendo el presidente y todos los discursos que se han estado dando», añadió.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, en el marco de la guerra interna, unidades de elite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.
Sobre el caso, Tobar recordó que el presidente Bukele, en una cadena nacional de medios de comunicación, anunció la desclasificación y entrega de archivos relacionados con la masacre, pero el tribunal que lleva la causa no los ha recibido.
Estas declaraciones fueron dadas después de que le fuera impedido al juez instructor de la causa, Jorge Guzmán, ingresar a la Brigada de Artillería en la localidad de San Juan Opico, unos 28 kilómetros al norte de San Salvador.
Bloqueo a archivos militares del caso
Esta es la cuarta ocasión en la que la Fuerza Armada se niega a cumplir la orden judicial de abrir sus archivos para la búsqueda de documentos relacionados con la masacre y los cuales son requeridos en el proceso penal que se encuentra en etapa de instrucción.
Una militar y una asesora jurídica, sin dar mayores explicaciones, informaron al juzgador que no se permitiría su ingreso bajo los mismo argumentos que se dieron en las otras tres unidades militares y que el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, dio a la Corte Suprema en una solicitud de amparo.
Manifestaron que desconocían la programación de la inspección y que el presidente Bukele había entregado ya los archivos.
«Yo le puedo decir categóricamente que no, no se nos ha entregado ninguna información. Los expedientes o archivos que el presidente dice que sustrajo de diferentes unidades militares en ningún momento los ha hecho llegar», subrayó el juez Guzmán.
Añadió que la existencia o no de archivos vinculados con la masacre, la más grande registrada en Latinoamérica en el siglo XX, se debe verificar con la diligencia.
«La víctimas son el centro de este proceso. Entonces, es importante que ellos estén consientes que como Estado hemos hecho todo lo posible por investigar estos hechos, porque quienes sufrieron la pérdida de familiares y otra serie de violaciones a sus derechos son ellos», agregó.
Las personas que comunicaron la decisión de bloquear el acceso a la unidad militar se negaron a revelar el nombre de la autoridad que les ordenó frenar la diligencia.
David Morales, abogado defensor y miembro de la organización Cristosal, señaló que el bloqueo de la diligencia es «una posición oficial» y que la orden «emana» del presidente Bukele y su ministro Merino.
Indicó que el jueves se intentará realizar la inspección en el Archivo General de la Nación, que es de carácter civil y está a cargo del Ministerio de Cultura.
El ministro Merino desvinculó, de acuerdo con un documento enviado a la Corte Suprema de Justicia y del que se obtuvo una copia, a la Fuerza Armada del interés de la búsqueda de Justicia y esclarecimiento de la masacre que se busca con el proceso.
También manifestó que, a su juicio, el cuerpo armado no está obligado a cumplir las ordenes judiciales relacionadas con este caso a raíz de que no existe una ley actual que lo ordene.
La mayor masacre del siblo XX en Latinoamérica
La guerra interna de El Salvador enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
En el marco de la guerra, de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el batallón de elite Atlacatl ejecutó en diciembre de 1981 a la población civil del caserío El Mozote y otros aledaños, y el número personas asesinadas ascendió al menos a 988.
En 1990, dos años antes de que concluyera la guerra, el sobreviviente Pedro Chicas, quien falleció en 2013, denunció la masacre de El Mozote, lo que dio pie a las primeras exhumaciones de cientos de osamentas, la mayoría de niños.
Una ley de amnistía en 1993 cerró el caso por más de 20 años, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló esta ley en 2016 y ese mismo año se reabrió el proceso.
A la fecha, unas 40 personas han testificado contra más de una docena de mandos militares retirados que enfrenta cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad por esta matanza.
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