A pesar de la lluvia, cientos de manifestantes recorrieron este jueves las principales calles de Ciudad de Panamá hasta llegar a las proximidades de la sede presidencial, donde hubo enfrentamientos con la policía, en rechazo a la renovada concesión dada a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
Obreros, profesores, grupos indígenas, estudiantes, además de sociedad civil volvieron a protestar hoy por cuarto día consecutivo en contra del contrato ley firmado el pasado viernes por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, para que Minera Panamá explote por 20 años prorrogables la mina de cobre más grande de Centroamérica.
«Esta patria no se vende» o «Minera no te queremos» formaban parte de los cánticos de los cientos de jóvenes que avanzaron hoy por el paseo marítimo de la capital panameña hasta el casco antiguo, donde se encuentran algunos de los edificios gubernamentales, como el Palacio presidencial.
Esa marcha concluyó con el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de los antidisturbios, parapetados tras grandes vallas que protegían los edificios gubernamentales.
Este polémico contrato ha sido ampliamente rechazo por ambientalistas y sindicatos, además de generar un gran descontento popular con protestas y bloqueos en las principales carreteras del país, afectando a la economía, con pérdidas estimadas de entre 60 y 90 millones de dólares, según gremios empresariales.
Esta semana las manifestaciones se han intensificado gradualmente y hasta el momento han dejado un saldo de más de 200 detenidos, 25 policías heridos, 30 comercios y 6 oficinas del Estado vandalizadas, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas, según el último reporte policial.
Este jueves, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) pidió al Gobierno «decretar cuanto antes una moratoria en el otorgamiento de concesiones mineras tanto de explotación como de exploración» y establecer «una fecha para la revisión y el fortalecimiento del Código de Recursos Minerales, que permita definir el futuro del país en esta materia».
También llamaron a hacer un «alto a la violencia a aquellos ciudadanos que están optando por la anarquía y generando confusión e incertidumbre», en relación a los actos vandálicos que han sucedido en la capital y otras partes del país.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá informó hoy que admitió una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un abogado contra el contrato ley minero.
Raisa Banfield, exvicealcaldesa de Panamá y miembro del grupo ambientalista Panamá Vale Más Sin Minería, explicó a EFE durante la manifestación que el hecho de que la Corte haya admitido esta demanda menos de una semana después de ser ratificado el acuerdo «evidencia que se da cuenta de la gravedad de la situación que vive el país y que les toca a ellos como el tercer órgano del Estado proceder».
El Gobierno defiende que este contrato ley otorga grandes beneficios al Estado como el ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares al fisco, el pago de impuestos antes exentos, así como amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, entre otros.
Pero los ambientalistas insisten en que este contrato mantiene los mismos vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el 2017, razón por la cual el Gobierno actual negoció durante más de un año un nuevo contrato con la minera.
«Este contrato tiene los mismos visos de inconstitucionalidad (…) que el anterior, entonces la Corte, por la jurisprudencia creada, no puede desdecirse y sería un craso error en las condiciones en las que ese contrato ha sido firmado y aprobado, que ahora la Corte lo declare constitucional. Sería gravísimo para la estabilidad y la seguridad jurídica de Panamá», sentenció la ambientalista.
