La Federación Hispana y la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP) se unieron a la lucha contra la polémica prohibición de los refrescos azucarados gigantes en Nueva York, que aseguran afectará de forma desproporcionada a los pequeños comercios de grupos minoritarios.
«Nos parece que la ley no tiene sentido y que va a afectar de una manera muy negativa a nuestros pequeños negocios», dijo hoy a Efe José Calderón, el presidente de la Federación Hispana, que se ha aliado con la NAACP de Nueva York para tratar de evitar que esta legislación entre en vigor el 12 de marzo tal y como está previsto.
Esos dos grupos sin ánimo de lucro presentaron de forma conjunta ante los tribunales neoyorquinos un escrito de «amicus curiae» en el que respaldan la demanda liderada por la Asociación Estadounidense de Bebidas (ABA) contra esta medida, que fue aprobada por las autoridades sanitarias neoyorquinas en septiembre pasado.
La vista del caso comenzó hoy en la Corte Suprema del estado de Nueva York, donde ABA planteó al juez Milton Tingling que la normativa discrimina a algunos negocios frente a otros y que los neoyorquinos «no quieren que les digan qué deben beber», según el abogado Thomas Merrill.
Por su parte, un letrado del Departamento de Salud de la ciudad, Thomas Merrill, insistió en el argumento del Gobierno municipal, que afirma que hay una «epidemia» de obesidad entre la población (un 58 % de los adultos neoyorquinos sufre sobrepeso u obesidad) y que los refrescos azucarados tienen una parte importante de culpa.
La ley, pionera en Estados Unidos, establece que los refrescos con elevados niveles de azúcar (más de 25 calorías por cada 8 onzas ó 0,236 litros) no podrán ser comercializados en envases que superen las 16 onzas ó 0,464 litros en la Gran Manzana.
Los establecimientos afectados son aquellos regulados por la ciudad, es decir, restaurantes, cadenas de comida rápida, carritos callejeros, bodegas y tiendas de ultramarinos, cines, estadios y salas de conciertos, pero quedan excluidos supermercados y cadenas como 7 Eleven, regulados por las autoridades estatales.
«Hay algunos negocios que pueden tener ese producto y otros que no lo pueden tener. Entonces a nuestros negocios, que están sufriendo económicamente, esto les puede hacer mucho daño», añadió Calderón, cuya organización decidió respaldar la querella tras recibir multitud de llamadas de preocupación de propietarios de pequeños comercios.
A su juicio, la legislación «no trata de manera seria el problema de la obesidad», puesto que para ello harían falta medidas como aumentar las horas de educación física en las escuelas o mejorar la educación en salud, así como «involucrar a todos los sectores implicados».
Cuando la legislación fue aprobada por la Junta de Salud de la ciudad de Nueva York, el alcalde Michael Bloomberg, denominado por muchos la «niñera Bloomberg» por sus múltiples regulaciones para mejorar la salud de sus conciudadanos, la calificó como el «mayor paso que cualquier ciudad haya tomado jamás para poner fin a la obesidad».
Según una encuesta realizada por el diario The New York Times el año pasado, seis de cada diez neoyorquinos se oponen a esta medida, que encuentra particular rechazo entre los residentes de los barrios del Bronx y Queens.
Nueva York, 23 ene (EFE).-
