La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, inició este miércoles una visita a Venezuela para palpar la grave crisis, que se profundiza al calor de la lucha de poder y las sanciones de Estados Unidos.
Durante su estadía se reunirá con Nicolás Maduro y con el presidente interino Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países, aunque su agenda completa se mantiene en reserva. El viernes emitirá ante la prensa una declaración final.
Según la ONU, desde 2015 unos cuatro millones de venezolanos emigraron por la crisis, marcada por escasez de bienes básicos, una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019, así como por el colapso del sistema de salud y los servicios públicos.
La visita no escapa al pulso entre Maduro y Guaidó, jefe del Parlamento quien se autoproclamó mandatario hace cinco meses.
Maduro reivindica que Bachelet llega con su venia, mientras Guaidó, quien dijo que su cita con la comisionada sería el viernes, sostiene que su presencia es un «reconocimiento de la catástrofe» que vive el país con las mayores reservas petroleras.
Bachelet también tiene previsto reunirse con «víctimas de abusos y de violaciones de derechos humanos», según su oficina.
Con ocasión de su visita, oenegés convocaron a movilizaciones el viernes para denunciar la situación, respaldadas por Guaidó.
La expresidenta chilena se encontrará con un país cuya economía se redujo a la mitad entre 2013 y 2018, y donde la producción petrolera perdió dos millones de barriles diarios en la última década.
Una situación que ha llevado a que un cuarto de la población, equivalente a 7 millones, necesite ayuda humanitaria urgente, según un informe de la ONU.
Se estima que 22% de los menores de cinco años sufren desnutrición crónica y 300.000 pacientes están en riesgo por falta de tratamientos y medicinas, añade ese estudio.
Una avanzada de Bachelet constató en marzo la precariedad de los hospitales; antes, la propia comisaria manifestó que la negativa del gobierno a reconocer las dimensiones de la crisis hace que la respuesta oficial sea insuficiente.
«Estamos pidiendo a Michelle Bachelet que vea que lo que está pasando en nuestro país (…) no es una mentira», dijo Pedro Amado, de un grupo de extrabajadores petroleros en huelga de hambre desde hace tres semanas para reclamar pagos.
Bachelet, quien prepara un informe sobre Venezuela, también ha denunciado la «criminalización de la protesta».
La Alta Comisionada es crítica de las sanciones de Donald Trump para asfixiar a Maduro, apoyado por los militares, Rusia y China.
Teme que la prohibición de transar crudo venezolano en Estados Unidos repercuta sobre los «derechos básicos y el bienestar de la población», en un país donde el petróleo financia 96% del presupuesto.
Maduro sostiene que el «bloqueo» dificulta la importación de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios, y en abril autorizó el ingreso de ayuda de la Cruz Roja.
