México aprenderá de los hallazgos y las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia sobre el conflicto armado de ese país, aseguró este martes Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México.
«Recibo este informe con compromiso y responsabilidad», declaró en su intervención Encinas, quien también preside la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (2014), en el que los 43 jóvenes estudiantes desaparecieron en el estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014 y en el que estuvieron vinculadas las fuerzas de seguridad del Estado.
Según el informe presentado este martes, a raíz del conflicto armado entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Gobierno colombiano murieron 450.000 personas y desaparecieron 121.000 -entre 1985 y 2018-.
Además, el 80 % de las víctimas mortales fueron civiles y si sumamos desaparecidos el porcentaje aumenta hasta el 90 %. «Una guerra que apuntó sus fusiles contra la gente», la calificó la comisionada Alejandra Miller.
Un total de 50.000 personas fueron secuestradas y más de 8 millones desplazadas. En dicho periodo hubo 4.000 masacres y un millón de personas tuvieron que exiliarse.
Por su parte, Encinas reforzó esta idea y aseguró que las principales víctimas no fueron quienes se encontraban en la guerra, sino la población civil.
«Este trabajo (…) es una gran aportación que no solamente será un referente para el trabajo de la Comisión de la Verdad en el caso de México, sino también para consolidar una política para que garanticemos los derechos humanos y fundamentalmente que haya justicia, que no haya impunidad y que estos lamentables hechos nunca más vuelvan a repetirse en nuestro país», expresó.
Aunque entendió que ningún conflicto es igual a otro, consideró que este informe es una oportunidad de «aprender» para México.
La comisionada detalló 10 hallazgos de la comisión que se recogen en el texto del informe, entre ellos los datos aportados, la investigación de la pregunta de cómo fue posible que cohabitase la guerra con apertura y momentos democráticos y la existencia de un entramado de intereses políticos y económicos detrás de los grupos paramilitares.
Además del desarrollo de un modelo de seguridad que no se enfoca en la protección de la vida humana o la amplificación del conflicto por causa de la vinculación del narcotráfico.
Miller destacó también que «a pesar de los procesos de paz y a los momentos de apertura democrática (…) no hemos logrado parar la guerra», por lo que el trabajo de la Comisión es imprescindible dado el enorme «riesgo de repetición» del conflicto armado.
