Un hombre muerto yacía boca arriba en el estacionamiento de una tienda de conveniencia a fines de febrero cuando periodistas llegaron a la ciudad de Celaya, en el centro norte de México, para entrevistar a la policía. Alrededor del cadáver había una lluvia de casquillos de bala y proyectiles gastados, algo muy común en el estado de Guanajuato, que tiene el mayor número de homicidios de México.
Un policía llevaba a su esposa al trabajo el 28 de febrero cuando hombres armados del cartel, que aparentemente los habían seguido desde su casa, abrieron fuego contra su automóvil. El policía mató a un atacante antes de morir.
Su esposa y su hija de 1 año resultaron ilesas. Pero una semana antes, hombres armados del cartel mataron a tiros a una oficial de policía mientras llevaba a su hija de 8 años a la escuela. También mataron a la niña.
Bienvenido a Celaya, posiblemente el lugar más peligroso, per cápita, para ser policía en América del Norte. Al menos 34 policías han sido asesinados en esta ciudad de 500.000 habitantes en los últimos tres años. En el estado de Guanajuato, con una población de poco más de 6 millones, en 2023 fueron asesinados a tiros más policías (unos 60) que en todo Estados Unidos.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales del 2 de junio en México, esta ciudad se encuentra en la encrucijada de un debate nacional sobre la política de seguridad.
Celaya se ha negado a seguir la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de no confrontar a los cárteles e ignoró su política de alentar a la población local a buscar pactos de paz con las pandillas. Cuando los obispos católicos romanos anunciaron que se habían reunido con los jefes de los cárteles en febrero para negociar una tregua entre las pandillas en guerra, López Obrador dijo: “Creo que es muy bueno”.
Al presidente de México no le gusta la policía y le gustaría depender del ejército para todo. Disolvió la antigua policía federal, acusándola de corrupción, y recortó casi todos los fondos federales para entrenar y equipar a la policía local.
A diferencia de otras ciudades, Celaya, un centro agrícola e industrial al noroeste de la Ciudad de México, se ha negado a eliminar su fuerza policial local y luego depender casi por completo de los soldados y de la cuasi militar Guardia Nacional para la vigilancia.
Eso significa que ha tenido que enfrentarse al cártel de Santa Rosa de Lima, una pandilla tan irreflexivamente violenta que de todos modos cualquier tipo de tregua o negociación probablemente estaba fuera de discusión.
“El cartel de Santa Rosa de Lima controlaba Celaya”, dijo el analista de seguridad de Guanajuato David Saucedo. “El actual alcalde, Javier Mendoza, tomó la decisión de romper el control criminal. Fue una decisión que le costó la vida a su hijo”, asesinado a tiros el año pasado.
Ahora el cartel está tratando de cazar a los policías de Celaya hasta someterlos o extinguirlos. Dos agentes fueron asesinados en su automóvil el domingo en Irapuato, el pueblo vecino, y el cártel de Santa Rosa de Lima se atribuyó la responsabilidad.
Los asesinatos de policías en México aumentaron el año pasado incluso cuando López Obrador dice que las cifras generales de homicidios han disminuido bajo su administración.
“La seguridad del público no es algo que se pueda negociar. Nunca”, dijo el jefe de policía de Celaya, Jesús Rivera Peralta. «Estos criminales no tienen valores… no podemos negociar con el diablo, eso es imposible».
Rivera Peralta dijo sentirse orgulloso del lema del alcalde: “Con todo, pase lo que pase, sin miedo”.
Según el enfoque del presidente, México tiene escasez de policías (no hay ninguno en algunas ciudades) y, al mismo tiempo, miles de ex policías federales experimentados que optaron por no unirse a la militarizada Guardia Nacional ahora están desempleados.
Celaya decidió contratar a algunos de ellos.
