La Junta de Relaciones Laborales de Ontario, resolvió en un fallo sin precedentes, que la granja involucrada en el pleito, Scotlynn Growers, violó la ley al dejar sin trabajo a Gabriel Flores, al denunciar este las precarias condiciones de vida trabajo durante la pandemia.
La defensa de Flores, quien aún se encuentra en Canadá, afirma que esta sería la primera victoria para un trabajador agrícola temporal en la historia de la provincia de Ontario.
La granja debe ahora, por orden de la ley, pagarle a Flores $20.000 en salarios que no fueron dados y $5.000 en daños por la angustia de ser despedido.
La junta afirmó que Flores era «particularmente vulnerable» al no hablaba inglés y, como trabajador agrícola de temporada, dependía de Scotlynn para obtener salarios, alojamiento y transporte.
Flores, quien lleva varios años trabajando de agricultor por temporadas en Canadá, testificó que debió compartir alojamiento con otros 13 trabajadores en la granja.
Además de eso, vió como tanto él como su otro compañero de litera, Juan López Chaparro, de 55 años, dieron positivo para el virus; y en el Caso de Chaparro, vivió junto a él el proceso de enfermedad en mayo, en donde experimentaba episodios de fiebre y dolor de pulmón, y que no recibió atención médica de inmediato.
Lamentablemente, Chaparro fue hospitalizado y murió por complicaciones del COVID-19 a fines de junio, dejando huérfanos a cuatro niños.
En una reunión de control hecha por los supervisores de Scotlynn, para informar a los trabajadores de la muerte de Chaparro, Flores informó su preocupación por la seguridad de la granja ante la COVID-19. Al día siguiente, el fundador y ex propietario de Scotlynn, Robert Biddle, lo despidió y le dijeron que lo enviarían de regreso a México.
«Al negarles a los trabajadores el estatus migratorio permanente, el sistema de inmigración les da a los empleadores la herramienta con la cual intimidar y castigar a los trabajadores por hacer valer sus derechos», afirmó Karen Cocq de Migrant Workers Alliance for Change.
