Manuel Merino tiene las horas contadas al frente de Perú, un fin que llegará ya sea por su dimisión o porque será destituido por el Congreso que hace menos de una semana lo elevó al poder, el mismo del que saldrá ahora con las manos manchadas de sangre.
El saldo trágico de, al menos, dos muertos en las marchas de protesta contra su Gobierno hace virtualmente imposible su permanencia en el poder, ante el visceral y profundo rechazo de la población a su figura y a la de quienes lo apoyaron en su fulgurante subida, y caída, de la oficina presidencial.
Sus aliados en esta drama político, convertido en una tragedia nacional que todo el mundo pudo ver venir pero que desde el Gobierno no se hizo el menor esfuerzo por evitar, ya han comenzado construir el ataúd administrativo por el que se despedirá de la presidencia.
El domingo en la mañana la Junta de Portavoces del Congreso ya se reunirá para evaluar la destitución del mandatario, un paso que se dará salvo que antes, como pide la gran mayoría del panorama político peruano, Merino presente su dimisión.
Autoridad moral
«Lo que sucede es gravísimo. Muertos. El señor Merino tiene que irse, no tiene autoridad siquiera para llamarse presidente interino.
Nadie nunca lo reconoció, este pueblo menos. No puede seguir al frente del gobierno con las manos manchadas de sangre», dijo la diputada Mirtha Vázquez, del izquierdista Frente Amplio.
Vázquez, una de los pocos legisladores que votó en contra de la destitución de Vizcarra, apuntó entre lágrimas que «las horas del señor Merino está contada, no resiste una hora más, el país está reventado. Su presencia en el Gobierno ha llegado a su fin».
«Estoy consternada realmente, porque lo advertimos, y estos resultados trágicos son producto de esta necedad, de esta prepotencia… Realmente nos indigna mucho, pudiendo haberse evitado esta víctimas fatales, no se quiso», se lamentó la diputada.
Vázquez afirmó además que el Congreso será nuevamente el responsable de destituir al presidente de la República, como la única autoridad capaz de resolver la situación en el marco de la Constitución en caso de que Merino no dimita.
Pese a esa reacción, también pesará sobre ellos la «sangre» de los muertos.
«Todos tienen una corresponsabilidad, todo aquel que votó por esta medida, desde mi punto de vista tiene manchadas las manos de sangre. Todos sabían lo que iba a suceder, era previsible, absolutamente previsible», se lamentó en referencia a los 105 legisladores que permitieron esta situación.
Insostenible
Adriana Urrutia, politóloga y presidenta de la Asociación Transparencia, también apuntó que la continuidad del Ejecutivo es «insostenible», y su fin se dará por una vía o por otra.
«Tiene que renunciar ya, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo él por respeto a las víctimas, y por señal a los jóvenes que reconoce su responsabilidad y al menos se hace responsable de los hechos», dijo.
En cualquier caso, la analista señaló que el Congreso va a destituirlo y buscar un sustituto.
Según explicó, la salida forzada de Merino se dará en cuanto el Congreso vote una moción de censura contra su mesa directiva, pues él ocupa la presidencia en calidad de presidente del Congreso.
Al censurar a la mesa, automáticamente Merino dejará de ser presidente de la República, cuyo cargo será asumido por el nuevo congresista que asuma la dirección del legislativo.
«Esta es la única salida, la Constitucional que se plantea en el corto plazo. Hace cinco días había una democracia, ahora hay un gobierno autoritario que no respeta las libertades fundamentales y pone en riesgo la vida de la población y vulnera derechos humanos, como no se veía hace muchos años», indicó la analista.
A su juicio, el Congreso y los políticos que forman parte de la cámara ahora deben «hacerse responsables por lo que les compete» y deben «buscar una salida a ello».
Urrutia no «concibe» la posibilidad de que Merino no dimita, algo que además consideró que será la mejor opción para un hombre «que se encuentra en una soledad tan absoluta que está en riesgo».
La politóloga se refirió así a la riada de dimisiones de miembros del Gobierno, que se sucedieron en cadena apenas se conoció que la represión policial de la marcha contra el Ejecutivo de Merino había causado muertos.
La renuncia de los ministros, prólogo de la muerte política de Merino y su primer ministro, el conservador Ántero Flores-Aráoz, también refleja un intento de evitar consecuencias legales por lo sucedido, pues los ministros son responsables de cualquier acto cometido bajo su mandato.
«Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente», dice la Constitución peruana.
«Aquí hemos visto una transgresión continua de un conjunto de candados democráticos, primero fue el uso de la vacancia presidencial, luego la consolidación de una coalición de gobierno sin consenso, y de manera sostenida la violencia policial que no respeta los estándares del derecho internacional», razonó Urrutia.
