“Por dictador” y “la ruptura del orden constitucional”, Estados Unidos incluyó al presidente de Venezuela en la lista roja del Departamento del Tesoro. Es el funcionario de más alto rango con sanciones financieras.
Nicolás Maduro y su séquito se están quedando más aislados que nunca, a pesar de los 8 millones de votos que, dicen, sacaron este domingo en la elección de los miembros de la polémica (e ilegal) Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Una cifra que despierta muchas suspicacias: en las elecciones de 2013 (impulsado por la muerte de Hugo Chávez), Maduro sacó 7’505.338 votos. Eran los buenos tiempos. Cuatro años después, con una gestión que rechaza el 78 % de los venezolanos y el país sumido en una profunda crisis económica y social, sólo el chavismo se cree sus cuentas alegres. “Fue la votación más grande que haya sacado la revolución bolivariana en 18 años”, gritó el presidente Maduro.
La fiesta, sin embargo, le dejó un sabor amargo, pues diez países le dijeron que desconocerán los resultados de la votación. Dieciséis más, algunos de ellos importantes socios comerciales, condenaron la ANC y le volvieron a pedir que reconsidere instalar este polémico órgano.
Solo cinco —Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador y El Salvador— la respaldaron. China, el país que más invierte en Venezuela, guardó silencio, mientras que su segundo socio comercial, Rusia, pidió bajar la presión. “Esperamos que en la situación de Venezuela no intervengan actores externos”, dijo el presidente Vladimir Putin.
“Un dictador”
Unas palabras que contrastaron con las de Estados Unidos. “Las elecciones de ayer confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano. Al sancionar a Maduro, los Estados Unidos ponen de manifiesto su oposición a las políticas de su régimen y ratifica el apoyo al pueblo de Venezuela”, dijo el secretario del Tesoro de EE. UU., Steven Mnuchin
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, anunció las medidas en contra de Maduro. El gobierno estadounidense le impuso sanciones económicas directas, entre las que figura la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense, una medida poco habitual.
Aunque hay antecedentes. Maduro se une al club de líderes sancionados por Washington: el presidente sirio, Bashar al-Asad; el líder de Norcorea, Kim Jong-un, y el de Zimbawe, Robert Mugabe. Ninguna empresa estadounidense o ciudadano de ese país pueden realizar transacciones comerciales con estos mandatarios.
Estados Unidos sancionó la semana pasado a 13 funcionarios cercanos a Maduro, acusados de quebrar la democracia, corrupción o violación de derechos humanos. Ya antes había sancionado al vicepresidente, Tareck El Aissami, por supuestos vínculos con el narcotráfico.
“¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo de Venezuela”, exclamó Maduro la madrugada del lunes al celebrar lo que calificó un “triunfo histórico” de la revolución.
Pero lo cierto es que el país comienza a aislarse más. El ministro británico de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, pidió una “acción urgente” del Gobierno de Venezuela para detener la división del país, que cree que está “al borde del desastre”.
La Unión Europea expresó “preocupación” por la democracia en el país y “serias dudas” de que el bloque reconozca la Constituyente.
“El gobierno se prepara para un escenario de aislamiento internacional severo e intenta unificar sus cuadros contra el enemigo externo”, señaló el analista Luis Vicente León.
La fiscal general, Luisa Ortega, la chavista de mayor rango que se rebeló contra Maduro, desconoció también lo que llamó la “inmoral Constituyente presidencial”. Y anunció que investigará los delitos asociados a la polémica elección. “Este no era el país que quería Hugo Chávez”, agregó.
Pese a las críticas, el gobierno instalará mañana, 2 de agosto, la Constituyente que regirá por tiempo indefinido, con facultades absolutas, para redactar una nueva Carta Magna y reformar el Estado. Estará encabezada por poderosos dirigentes como Diosdado Cabello y Cilia Flores, esposa de Maduro.
El poder ilimitado que tendrá la Constituyente hace temer lo peor. Maduro ya advirtió que “pondrá orden” en el Parlamento y en la Fiscalía. Es decir, que podría disolverlos.
“Que Dios nos agarre confesados”, resumió una mujer en una calle del este Caracas.
