El nuevo Gobierno venezolano de Nicolás Maduro echó hoy a andar con la toma de juramento de su nuevo gabinete bajo la sombra de la crisis política desatada tras las elecciones del 14 de abril, cuyos efectos no amainan ni en el ámbito interno ni en el internacional.
Al día siguiente del nombramiento del nuevo Gobierno, en el que hay 10 nuevas caras y 4 hombres que regresan a responsabilidades ejecutivas, Maduro juramentó en un acto coral y con la mano en el corazón a sus ministros ante Dios, la Constitución, el legado de los libertadores y la «memoria eterna» de Hugo Chávez.
«No hubo traición ni habrá traición al legado de Hugo Chavez, y no hubo derrota ni habrá derrota, no hubo regresión ni habrá regresión del proyecto histórico, lo que va a haber, lo que hay y lo que habrá es revolución», dijo Maduro apenas ocho días después de ser proclamado ganador de los comicios.
El nuevo gabinete no presenta grandes cambios con relación al anterior Ejecutivo, salvo la creación de una sola Vicepresidencia económica, que estará bajo el control de Nelson Merentes, ya ministro en el pasado y hasta ahora director del Banco Central de Venezuela (BCV).
Maduro reivindicó los «principios de Cristo redentor», los «principios supremos» de Simón Bolívar y «la orientación fresca actualizada, pura, revolucionaria» de Hugo Chávez, fallecido el 5 de marzo en el inicio de su cuarto mandato, y dijo que comienza «el Gobierno de calle».
«Tenemos que ser un Gobierno que vaya al encuentro con la verdad de Venezuela», señaló, afirmando su llamada a un «gran diálogo nacional», pero no con las elites ni con las cúpulas porque no habrá pacto con la burguesía.
«He dicho que estoy dispuesto a hablar en su momento, cuando haya tiempo para eso, hasta con el diablo si con el diablo hay que hablar nos vamos bien santiguados ese día nos echamos agua bendita (…) y hablamos con el diablo o los diablillos», señaló, en alusión a la oposición.
Desde la acera política contraria hoy la preocupación rondaba por las reiteradas afirmaciones de algunas rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) tratando de restar trascendencia a la auditoría del 100 % de los votos aprobada por ese poder el pasado jueves.
La auditoría fue aprobada a petición del líder opositor, Henrique Capriles, tras una semana de tensión en la que se registraron al menos ocho muertos y más de 60 heridos en incidentes que el Gobierno ha vinculado con protestas opositoras.
Hoy la rectora Sandra Oblitas (una de los cinco que tiene el ente electoral) insistió en que «esta auditoría no es un reconteo de votos ni tiene como objetivo alguno la revisión de los resultados», algo que ya indicó el sábado.
«Auditoría es auditoría! El Pueblo Venezolano y el Mundo está de acuerdo con ella! Vamos a ver los cuadernos de votación!», replicó Capriles en la red social Twitter.
«El Pueblo Venezolano no va a aceptar una FARSA! Se acordó una Auditoría y se le informó al país y al mundo, CNE CUMPLA!», agregó.
El secretario adjunto de la Mesa de la Unidad (MUD, plataforma opositora), Ramón José Medina, también alertó de que no aceptará una auditoría electoral «chimba» (falsa) y que en paralelo a la revisión de los votos prepara un recurso para impugnar las elecciones del 14 de abril.
La jornada también dejó acusaciones de organizaciones no gubernamentales como Foro Penal Venezolano y el partido opositor Voluntad Popular de persecución por parte del Gobierno a funcionarios públicos opositores.
Los coletazos de la situación electoral también continúan en la la arena internacional, después de que la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para América Latina, Roberta Jacobson, llamara a superar la polarización en Venezuela afirmando que un recuento de los votos daría tranquilidad al país.
Además señaló que no podía decir si habría sanciones con Venezuela en una declaración al canal CNN en español.
«Si EE.UU. apela al expediente de sanciones económicas o de otra índole, nosotros tomaremos las medidas en el orden comercial, energético, económico y político que consideremos necesarios para responder de manera contundente a esta amenaza inaceptable para Venezuela», indicó hoy el canciller venezolano, Elías Jaua.
«Esa declaración injerencista, grosera, por parte de la señora Roberta Jacobson, y del Gobierno de Estados Unidos, suponen una consecuencia y una parcialización en asuntos que son propios de la sociedad venezolana», agregó en declaraciones al canal Telesur.
José Luis Paniagua/Caracas, 22 abr (EFE).-
