El gobierno venezolano está barajando la posibilidad de adelantar la fecha de las elecciones presidenciales para el 8 de abril próximo, lo que dejaría sin tiempo a la oposición para armar un frente unido o designar candidatos, ya que sus principales figuras fueron proscriptas por la polémica Asamblea Constituyente.
En paralelo, el chavismo proclamó ayer al presidente Nicolás Maduro como candidato del oficialismo para buscar la reelección por otros 6 años. “Aprobado por aclamación. Es usted oficialmente el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela” (PSUV), declaró el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en el congreso de la agrupación política.
La fecha de abril, que no ha sido confirmada por las autoridades oficiales, la dio a conocer Jorge Roig, uno de los asesores de la oposición venezolana en el proceso de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. “El gobierno está empeñado en que se realicen el 8 de abril, y en esa fecha no hay ningún tipo de posibilidades de tener las garantías necesarias”, sostuvo.
El dirigente explicó que la oposición está buscando conseguir en la mesa de diálogo la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), un órgano de estricta fidelidad a Maduro y artífice de maniobras consideradas poco transparentes. También intentan obtener otras garantías para la contienda que, por decreto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), debe hacerse antes de mayo.
“Lo significativo es que no se han dado garantías que son fundamentales para que este proceso sea transparente”, afirmó Roig. Luego de tres días de reuniones con el oficialismo, el tema electoral está siendo uno de los principales escollos para lograr un acuerdo definitivo entre las partes.
La oposición llega a este proceso electoral absolutamente desarticulada, ya que el gobierno viene recortando todas sus posibilidades. Los dos principales candidatos del sector, Henrique Capriles y Leopoldo López, no podrán presentarse porque el primero fue inhabilitado y el segundo está preso.
La coalición Mesa de Unidad Democrática, que nuclea a la mayoría de las agrupaciones opositoras, resultó excluida de los comicios por decreto de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Algo similar ocurre con los partidos en forma individual.
Entre ellos figuran Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Partido Unión y Entendimiento (Puente) y Voluntad Popular (VP), quienes deben renovar sus nóminas de inscriptos ante el Consejo Nacional Electoral para poder competir en los comicios. Sucede que las autoridades electorales las dejaron afuera porque estos partidos no se presentaron en las elecciones municipales de 2017 ya que consideraron que eran fraudulentas.
“Las inhabilitaciones y las condenas por razones políticas se tienen que levantar para que el proceso sea democrático, justo, transparente”, dijo Capriles.
