Giovanny Tovar salió de Venezuela hace cinco años en busca de trabajo luego de que su país se desmoronara bajo la mirada del presidente Nicolás Maduro. Ahora vende empanadas y tequeños en las calles de la capital peruana, donde empuja un pequeño carrito equipado con una freidora.
Tovar no quiere nada más que sacar a Maduro del poder. Ve una oportunidad de cambio en las muy esperadas elecciones presidenciales de julio, pero no podrá votar. Tampoco lo harán otros millones de emigrantes venezolanos debido a requisitos gubernamentales costosos y que requieren mucho tiempo y que no se encuentran en ninguna parte de las leyes electorales de Venezuela.
“Realmente no entiendo por qué nos ponen tantas trabas para ejercer nuestro voto”, dijo Tovar antes de ofrecer la principal razón que los emigrados sospechan que está detrás de los requisitos: “Realmente me gustaría votar, pero no darle el voto a Maduro”.
Se calcula que más de la mitad de los aproximadamente 7,7 millones de venezolanos que han abandonado su país natal durante la compleja crisis que ha marcado los 11 años de presidencia de Maduro están registrados para votar en Venezuela. Pero de todos los venezolanos repartidos por el mundo, incluidos los que emigraron antes de la crisis, las cifras del gobierno muestran que sólo unos 107.000 están registrados para votar fuera del país sudamericano.
Analistas y emigrantes aseguran que quienes abandonaron Venezuela durante la crisis casi con certeza votarían en contra de Maduro si tuvieran la oportunidad. Maduro, quien asumió la presidencia interina en 2013 tras la muerte del fogoso Hugo Chávez, busca un tercer mandato .
La ley venezolana contempla el voto en ausencia, lo que permite a los ciudadanos votar en embajadas y consulados. Los interesados deben estar debidamente registrados con su dirección en el extranjero y no pueden estar viviendo ilegalmente en su país de acogida ni buscando el estatus de refugiado o asilo allí.
El requisito de residencia por sí solo reduce significativamente el número de personas que pueden registrarse, ya que la mayoría de los emigrantes carecen de estatus legal. Durante el período de registro de este año, que termina el martes, incluso aquellos a quienes se les ha concedido la residencia temporal en los países de acogida están siendo rechazados por los funcionarios consulares porque las misiones diplomáticas exigen pruebas de su estatus permanente.
“Los documentos de residencia permanente emitidos por el país anfitrión” deben mostrar “una vigencia de… al menos 3 años a partir de la fecha actual” y “deben haber sido emitidos con al menos un año de anticipación”, según un volante colocado afuera del consulado en la capital de Colombia, Bogotá. Pero la ley electoral de Venezuela solo exige que los votantes interesados “tengan residencia o cualquier otro estatus que denote legalidad de estadía” en un país extranjero.
Perú le ha concedido a Tovar la residencia temporal, no permanente.
Lo que complica aún más las cosas para algunos votantes interesados es el requisito de tener un pasaporte venezolano, cuyo costo es prohibitivo y hoy en día toma semanas o varios meses para procesarlo.
María Córdova y su familia, que se mudaron a México hace 18 años, participaron en las primarias presidenciales de octubre para la facción opositora respaldada por Estados Unidos. Esa elección fue organizada por una comisión independiente del Consejo Nacional Electoral, leal al partido gobernante de Venezuela. La comisión permitió a los votantes interesados como Córdova registrarse para votar en línea, y finalmente se inscribieron más de 200.000 personas en todo el mundo.
Cuando llegó el momento de emitir su voto, Córdova viajó desde Cancún a Ciudad de México, donde los organizadores de las primarias instalaron un centro de votación. Ahora, Córdova quiere votar contra Maduro el 28 de julio, pero no ha recibido el pasaporte que intenta renovar desde el año pasado.
“Es un plan con segundas intenciones porque para poder solicitarlo hay que pagar”, dijo, refiriéndose al proceso de renovación del pasaporte.
Las encuestas sugieren que los venezolanos en su gran mayoría quieren ir a las urnas y derrotarían a Maduro si tuvieran la oportunidad.
Las estimaciones oficiales muestran que alrededor de 36.000 de los 107.000 venezolanos registrados correctamente para votar en el extranjero viven en Estados Unidos. Se enfrentan a un obstáculo insuperable: los consulados donde normalmente emitirían su voto están cerrados porque Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas después de la reelección de Maduro en 2018.
Esa elección fue considerada ampliamente fraudulenta y convirtió a Maduro en un paria. Las esperanzas de una elección presidencial más democrática aumentaron brevemente cuando Maduro y la facción de la oposición detrás de las primarias acordaron en octubre trabajar juntos en condiciones electorales que nivelaran el campo de juego.
Entre los temas que ambas partes debían abordar estaba la actualización del padrón electoral del país, pero este y otros cambios no se materializaron después de que el gobierno de Maduro comenzó a desafiar el espíritu, aunque no necesariamente la letra, del acuerdo, incluso bloqueando la candidatura presidencial de la opositora María Corina Machado —que ganó las primarias—, deteniendo a parte de su personal y abriendo investigaciones penales contra los organizadores de las primarias.
Christopher Sabatini, investigador de Chatham House en Londres, dijo que la oposición puede quejarse de los obstáculos que enfrentan los emigrantes, pero es poco probable que priorice la facilitación del voto en el extranjero dados los desafíos restantes que enfrenta dentro del país.
“Todavía hay mucha gente en Venezuela que nunca ha votado antes, que ha alcanzado la mayoría de edad, e involucrar a esa gente en el ejercicio democrático es una especie de prioridad para la oposición”, dijo Sabatini.
La mayoría de las personas que abandonaron Venezuela en la última década se establecieron en otros países de América Latina y el Caribe. Colombia es el hogar del mayor contingente de ellos, con más de 2,8 millones viviendo en todo el país.
Una de las principales barreras que dicen enfrentar los venezolanos allí es la negativa de los funcionarios consulares a aceptar su Permiso de Protección Temporal —un documento emitido por el gobierno colombiano que les da acceso al sistema de salud, educación y empleos— como prueba de estatus legal.
Nicole García, venezolana que hace parte del grupo de base Venezolanos en Barranquilla, dijo que la solicitud de documentos que la mayoría de los migrantes no tienen es una forma en que los consulados buscan limitar la participación y la transparencia en la elección.
“Los funcionarios consulares son personas que forman parte del gobierno o que forman parte del régimen”, dijo.
