John Scully ha estado viviendo con un diagnóstico de trastorno depresivo mayor durante cuatro décadas y, a pesar de probar casi todos los tratamientos conocidos en la medicina, desde la terapia de choque hasta la estimulación transmagnética, su condición no ha mejorado.
El hombre de 82 años dice que quiere que ese sufrimiento termine. Quiere hacerlo legalmente, sin dolor, de una manera que respete a sus seres queridos. Quiere asistencia médica para morir.
Pero como muchos canadienses que padecen enfermedades mentales que sus médicos no han podido tratar con éxito, Scully ha tenido que esperar.
El gobierno liberal aprobó una legislación en 2021 que ampliaría la elegibilidad a pacientes cuya única condición es un trastorno mental, lo que incluyó un retraso de dos años para que se pudieran desarrollar pautas de práctica. El mes pasado, se apresuró a legislar otro año de retraso.
«Tengo un desprecio total por los paneles y el gobierno que ha retrasado la aplicación de la muerte asistida», confesó Scully. «No pueden decidirse. Esa es la razón por la que patean la lata en el camino».
La decisión del gobierno liberal de ampliar la asistencia médica para morir a las personas con enfermedades mentales como única condición subyacente ha provocado una amplia reacción en Canadá, que se unirá a unos pocos países de Europa para otorgar acceso por este motivo.
Los opositores, incluidos algunos defensores de la discapacidad, han expresado su preocupación sobre si abrirá aún más la puerta al abuso y la coerción, y si las personas optarán por terminar con sus vidas cuando lo que realmente necesitan es un mejor acceso al apoyo, incluida la vivienda y la atención de salud mental.
También preocupa la falta de consenso entre los expertos médicos sobre cómo decidir si una enfermedad mental es «grave e irremediable» para cumplir con los criterios de asistencia médica para morir.
Los partidarios argumentan que la medida dará autonomía y dignidad a las personas que han agotado todas las demás opciones de tratamiento, y que no hacerlo violaría la Carta Canadiense de Derechos y Libertades al discriminar a las personas con discapacidad.
Scully, un ex periodista que cubrió 35 zonas de guerra en una larga y galardonada carrera, también sufre de estenosis espinal severa y enfermedad renal crónica. Pero estas dolencias físicas no lo califican para una muerte asistida.
Tal como está la ley, el 17 de marzo de 2024, Scully finalmente será elegible para presentar una solicitud, aunque expresó dudas de que el gobierno cumpla con su compromiso.
Ya tiene los papeles. Pero indicó que está demasiado frustrado para comenzar a llenar los formularios. «No los he tocado, y podría romperlos».
Un comité conjunto especial del Parlamento publicó un informe en febrero recomendando que el gobierno permita a las personas con una afección, enfermedad o trastorno médico grave e incurable que conduce a la incapacidad presentar una solicitud anticipada de muerte asistida.
No hay señales de que Ottawa se esté moviendo hacia eso en el corto plazo.
